RCR, 08 de noviembre de 2025.- María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 es impulsar el avance de la criminalidad organizada en todo el país. Sostuvo que el Estado debe aplicar mano dura a los mineros ilegales en todo el país, para frenar el avance de las mafias criminales.

“En el IPE hemos venido mostrando con data y evidencia que la minería ilegal tiene vínculos bastante estrechos con la criminalidad. Actualmente, la inseguridad ciudadana es el mayor problema de los peruanos. Normalmente, era la corrupción, pero esta ha pasado a un segundo puesto y la inseguridad ciudadana es ahora el problema más álgido para los peruanos”, dijo en la secuencia “Radar económico” de Red de Comunicación Regional (RCR).

Remarcó que el Estado debe aplicar mano dura a los mineros ilegales y sus socios del crimen organizado. “Debería haber mano dura y cerrar el Reinfo. Cambiarle el nombre al Reinfo por otro no es la solución, la solución es que los 50 mil que se excluyeron ya se excluyeron. El aplazar sería bastante contraproducente, porque la minería ilegal y la criminalidad están bastante ligados”, indicó.

Manifestó que una de las razones por las cuales la minería ilegal ha proliferado es el Reinfo. “No estamos hablando acá de los informales, estamos hablando de los ilegales que debido a Reinfo están amparados en una especie de formalidad. Si nosotros realmente queremos acabar con esta ilegalidad de la minería, vamos a tener que tomar medidas claras y específicas”, apuntó.

Enfatizó que el IPE recomienda cerrar el Reinfo porque no ayuda a formalizar a nadie, sino que favorece el aumento de la criminalidad. “Nosotros hemos dicho desde el IPE varias veces que una de estas medidas, no la única, pero una de estas medidas es el cierre definitivo del Reinfo, porque ya las personas que quedan son personas que han estado más de un año en este registro y no se han formalizado”, expresó.

“Probablemente, haya casos específicos en las que se tenga que evaluar, donde sí, probablemente no han tenido las posibilidades de formalizarse y si deberían estar en este registro, sin embargo, la gran mayoría ya no debería estar porque finalmente están actuando amparados por el Estado”, subrayó.

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