RCR, 19 de noviembre de 2025.- La vocera del Observatorio de Minería legal y exfiscal en materia ambiental, Karina Garay, indicó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera hasta el 2027 y la reincorporación de más de 50 mil mineros previamente excluidos representa un retroceso para el país. Asimismo, sostuvo que existirían intereses políticos en el marco de las campañas electorales para favorecer a gremios mineros.
“Definitivamente, existen intereses políticos porque nos encontramos en una etapa de elecciones en las cuales algunos congresistas deben estar formando alianzas políticas con gremios mineros para poder favorecerlos. Pero, nos queda un Ejecutivo, que debe ser consciente en su mensaje por la lucha contra la inseguridad y criminalidad, de tal manera que, ponga un freno a este proceso”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que el dictamen es un serio llamado de atención para el Pleno del Congreso, que debe legislar para los intereses generales y no para beneficios particulares, asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional ya se pronunció señalando que no debe haber más ampliaciones del REINFO y que el Estado debe aprobar una ley MAPE que regule adecuadamente la minería artesanal y de pequeña escala.
“Dejemos de lado esos intereses económicos, políticos, y alianzas con gremios mineros que no quieren una minería sostenible, porque una ampliación del REINFO podría considerarse razonable solo si es moderada y no se extiende por dos años en pleno periodo electoral”, afirmó.
Garay enfatizó que el Ejecutivo debe tomar decisiones para proteger el bienestar común, ya que, ante la falta de ejecución de un plan de lucha contra la minería ilegal, la situación continúa agravándose. Mencionó que los recortes presupuestales a entidades claves como la Policía, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas han debilitado la capacidad operativa del Estado.
“El Estado tiene que preocuparse por emitir una ley que sea adecuada, que regularice la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, si el Ejecutivo también tiene claro cuál es el procedimiento no podemos esperar, esta ampliación del REINFO no puede ser exagerada de dos años, sobre todo en medio de campañas políticas, donde ahí se juegan todas estas cartas”, destacó.
Manifestó que la expansión de estas economías ilegales y su posible influencia en los próximos procesos electorales, también permite el fortalecimiento del control territorial del crimen organizado. “El crimen no solo está en Lima, y el país no puede retroceder en plena emergencia ambiental global. El Estado debe reaccionar de inmediato para evitar mayores daños sociales, ambientales e institucionales”, subrayó.
Devastación
Garay, que en su momento se desempeñó como Fiscal del Medio Ambiente en Madre De Dios, graficó el avance devastador de la minería y citó lo que ocurre en dicha jurisdicción, en la Reserva Nacional de Tambopata que desde hace cuatro meses ha sido invadida por la minería ilegal.
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