Fernando Cuadros Villanueva, consultor en Gobernanza Ambiental, resalta erradicación de minería ilegal en zona de Alto Comaina, pero expresa que el Gobierno debe respaldar una actividad minera formal y socialmente responsable.
RCR, 16 de Octubre 2019 .- Fernando Cuadros Villanueva, consultor en Gobernanza Ambiental, destacó la reciente incursión de las Fuerzas Armadas y la Policía para erradicar la minería ilegal en la zona fronteriza del Alto Comaina, en Amazonas, pero indicó que el Estado debe establecer en dicho sector un plan de desarrollo humano sostenible.
“La presencia del Estado es tardía pero es importante que se haya dado, parece que las Fuerzas Armadas y la Policía en compañía de la Fiscalía están presentes en la zona y están interviniendo y usando sus competencias para combatir la minería ilegal. Esta presencia del Estado fue solicitada por las comunidades indígenas del Alto Comaina desde el año 2011”, dijo el consultor a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Cuadros Villanueva subrayó que “ahora el Estado debe generar desarrollo económico y social en la frontera con Ecuador, porque en el lado ecuatoriano la minería es la principal actividad. Lo ideal es que se forme en el lado peruano una actividad minera formal y socialmente responsable”.
Señaló que “la minería ilegal dejó consecuencias sociales, ambientales y económicas en la cordillera del Cóndor, ubicada en la frontera con Ecuador, lo cual ha facilitado el ingreso de la actividad mineral ilegal dirigida por malos ciudadanos ecuatorianos, porque desde la parte peruana es imposible ingresar una logística para la extracción ilegal de oro, plata y cobre”.
“Las comunidades se encuentran a más de tres días de la zona de actividad minera. Al inicio fue una actividad complementaria y luego principal cuando algunos grupos decidieron apoyar a la actividad ilegal. Toda la mano de obra, las maquinarias y la logística venían de Ecuador. Es imposible que la logística venga del Perú por las condiciones geográficas”, remarcó.
Recalcó que “la actividad minera ilegal ha llegado a puntos complejos, porque se llegaron a fracturar las organizaciones indígenas que tenían una función de resguardo de la zona”. “Dadas las circunstancias, grupos de nativos apoyaron y respaldaron esa actividad por más de un año, generando inseguridad al aliarse a mercenarios que brindaban seguridad a la extracción ilegal”, dijo.
“De esa manera, se creaban zonas liberadas a donde no podía ingresar cualquier ciudadano ni la fuerza pública. Ahora la situación está más tranquila con la presencia de la fuerza pública y de mineros formalizados”, manifestó.
Recordó también que “el Gobierno Regional autorizó a la empresa minera Afrodita para que trabaje en la zona hasta que en un momento le fue denegado el permiso y de pronto su campamento minero fue incendiado. Afrodita se retiró y pidió que el Estado se haga presente en la zona para luchar contra la actividad minera ilegal”.
“El Estado actúa siempre con cálculo político y actualmente el Ejecutivo puede actuar de manera directa en la zona. El Ecuador ahora también está convulsionado. Es posible que la actividad minera formal regrese y tengamos un desarrollo humano sostenible”, anotó.
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