RCR, 05 de mayo 2025.- José Luis Gonzales Maiqui, director gerente de Periodismo Urbano, alertó que el incremento de la minería ilegal zonas como Cajamarca, Cajabamba, San Ignacio y Jaén ha generado que se desplace la producción del café como fuente de ingresos en la zona, ya que los productores obtienen ingresos de hasta 500 mil soles por mes. Agregó que los mineros ilegales están creando asociaciones para pretender seguir sus actividades y financiar campañas electorales.
“Se tiene información que existen muchos ‘empresarios’ invirtiendo en zonas como Cajamarca, Cajabamba, San Ignacio y Jaén teniendo en cuenta que hay muchas intervenciones policiales e investigaciones para operar de la misma manera que ocurre en Patáz”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que, en los últimos cuatro años, la minería ilegal se ha expandido a casi todos los distritos de San Ignacio, especialmente en las riberas del río Mayo – Chinchipe, cuyas aguas muestran signos visibles de contaminación. Mencionó que esta actividad se presenta como una alternativa económica rápida frente al cultivo del café, ya que permite a algunos productores obtener ingresos diez veces mayores.
“San Ignacio es un productor de café por excelencia, estamos hablando del café comercial, no el de exportación, y la población está dejando sus cultivos de café, en donde prácticamente en seis meses, si es productor o si es propietario del terreno, por hectárea, están ganando un comercio de 20 mil soles en seis meses, a mucha diferencia con los ingresos a través de minería legal, que sobrepasan los 500 mil soles por mes”, expresó.
Indicó que la situación es alarmante no solo por la depredación ambiental, sino también por los enfrentamientos entre ronderos y mineros ilegales, que ya han dejado víctimas y podrían escalar hacia una violencia aún más grave. Agregó que las rondas campesinas, principales defensoras del territorio, denuncian que no cuentan con el respaldo suficiente del Estado para enfrentar a grupos armados que protegen los intereses de esta economía ilegal.
“Esta semana se va a desarrollar una reunión porque desde el gobierno regional vienen gestionando algunas acciones para que se puedan intervenir en la zona de frontera porque el comercio del oro ilegal no solo viene desplazando al café, también al cacao, frutales, entre otros productos naturales por los ingresos económicos más rápidos en lugar de realizar cultivos”, anotó.
Gonzales sostuvo que uno de los factores que facilita este crecimiento es la participación de inversionistas ecuatorianos, quienes alquilan terrenos a pequeños agricultores peruanos para operar. Además, existe un uso irregular del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que estaría sirviendo como fachada legal para actividades claramente ilegales.
“Se han identificado asociaciones de “pequeños mineros” lideradas por exautoridades locales, lo que agrava las sospechas de corrupción y colusión política. Incluso, ahora en diversos grupos de prensa hay mucho temor hablar del tema, se habla de que no solo estarían involucrados policías, también autoridades, exautoridades, por el financiamiento de las nuevas campañas electorales”, enfatizó.
Pese a la gravedad del problema, la respuesta del Estado ha sido escasa, solo seis de las 49 denuncias por minería ilegal en San Ignacio han sido atendidas, y hasta hace poco no existía una fiscalía ambiental en la zona, sino que recién se está implementando una con sede local, mientras que se prepara una reunión binacional con Ecuador para abordar el tema de la contaminación en la cuenca compartida.
“El gobierno regional está tratando de ingresar a través de estas mesas temáticas, pero es muy poco el apoyo que se tiene. Se requiere una mayor intervención, hablamos de mayor presencia del Ejército, Policía de Inteligencia, pero lo triste es que en San Ignacio y Jaén no se tiene una Fiscalía de Asuntos Ambientales, pese a la serie de denuncias que existen, solo de 49 denuncias con relación a la minería ilegal, se han atendió 6 de ellas”, anotó.
Remarcó que lo que hoy ocurre en San Ignacio puede replicarse en otras regiones del país si no se toman medidas urgentes. Sostuvo que la zona ya es llamada por algunos «la pequeña Patáz», en alusión a la situación similar que se vivió en La Libertad, sin una intervención real y coordinada entre los distintos niveles de gobierno, este modelo de oro sucio seguirá extendiéndose, desplazando no solo cultivos, sino también la esperanza de un desarrollo sostenible.
“En Cajamarca también se está conformando una asociación de mineros artesanales que también están en proceso de inscripción de la SUNAT, en donde están afiliando a diversos mineros ilegales para poder buscar esta formalización. Sabemos que el Reinfo está suspendido, hay nuevas inscripciones, pero ellos por su lado están generando estos espacios para poder agrupar a la mayor cantidad de mineros y de alguna manera buscar mayor formalidad ante las autoridades”, subrayó.
