RCR, 04 de junio 2025.- César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores, informó que casi 2 millones de peruanos no tienen acceso a un centro de salud con capacidad diagnóstica básica, y la mayoría de afectados vive en zonas rurales, en la sierra y en la selva, especialmente en sectores fronterizos. Agregó que la solución a las deficiencias en los servicios de salud debe involucrar a los sectores público y privado, así como a la academia.
“Casi 2 millones de peruanos por su ubicación, sobre todo rural, no acceden a una oferta mínima, es decir no cuentan con acceso a centros de salud con capacidad diagnostica básica, una situación que pone en riesgo la atención oportunidad y adecuada de sus enfermedades”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que el estudio se realizó a partir de datos públicos y plataformas tecnológicas actuales, incluyendo información del Ministerio de Salud y REUNIS. “Muchos pobladores rurales no pueden acceder ni siquiera a un laboratorio o a imágenes diagnósticas, y aunque en algunas postas hay médicos, carecen de los recursos tecnológicos necesarios para un diagnóstico integral”, explicó.
Amaro enfatizó que la situación es crítica en la sierra y selva, con distritos alejados de las fronteras con Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador enfrentando las mayores dificultades. Asimismo, mencionó que en zonas altoandinas como Cañaris en Lambayeque, los pacientes deben trasladarse durante horas bajo condiciones adversas para recibir atención en centros urbanos como Chiclayo.
“Esta problemática se agrava por la falta de actualización en la información y la insuficiente capacidad instalada, incluso en capitales de provincia. Entonces, el escenario es diverso, pero sobre todo es rural, mientras que los que estamos en ámbito urbano tenemos más facilidades físicas y geográficas de acceder a esa oferta, pero quienes están ubicados en zona rural tienen una dificultad mucho mayor”, manifestó.
Señaló que uno de los principales problemas radica en la gestión del sistema de salud, donde las autoridades regionales tienen un doble rol: son a la vez gestores y prestadores del servicio, y esta situación genera conflictos de interés que dificultan la fiscalización y mejora continua de la calidad y cobertura del sistema, afectando directamente la atención que reciben los usuarios.
“Aunque el presupuesto para salud ha aumentado, principalmente en pago de sueldos, no existe una medición clara del desempeño de los trabajadores del sector ni una focalización adecuada de la inversión en infraestructura. Gran parte de los establecimientos públicos están en mal estado y muchos carecen incluso de personal médico, lo que afecta la calidad de la atención y genera una saturación innecesaria de hospitales urbanos”, expresó.
Finalmente, advirtió que la pandemia del COVID-19 evidenció y agravó estas deficiencias, subrayando la necesidad de cambiar el modelo de salud para priorizar la atención primaria cercana al ciudadano y aprovechar las tecnologías digitales. Por ello, demandó una reforma integral que combine mejores datos, gestión eficiente y una planificación territorial adecuada.
