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ALEJANDRO TOLEDO PASARÁ NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN PRISIÓN DE ESTADOS UNIDOS

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Fuente: Perú21 

El juez Vince Chhiabra reprogramó para el 5 de febrero del próximo año la audiencia en la que evaluará la salud mental del exmandatario.

Alejandro Toledo está consiguiendo que su extradición al Perú, para enfrentar a la justicia que lo investiga por recibir más de US$30 millones ilícitos de Odebrecht, se dilate. Pero las maniobras legales de su defensa en Estados Unidos no han impedido que el exmandatario afronte el proceso en una prisión desde hace cinco meses.

Lo último que ha conseguido el abogado Graham Archer en favor del exjefe de Estado es que la audiencia en la que el juez de California Vince Chhiabra evaluará su estado de salud mental, y que había sido convocada para hoy, se postergue para el 5 de febrero del próximo año.

Esa diligencia se realizará cinco días después de la audiencia en la que otro juez, el magistrado Thomas Hixson, decidirá si el exmandatario seguirá contando con abogado de oficio.

En otras palabras, Toledo pasará la Navidad y recibirá el Año Nuevo 2020 tras las rejas, aunque lejos del Perú.

SE LA JUEGA

La estrategia que despliega Archer en el corto plazo apunta a que su patrocinado recupere su libertad para que, en esa condición, pueda defenderse del pedido de repatriación formulado por el Estado peruano.

En un oficio del 10 de diciembre, al que tuvo acceso Perú21, el letrado requirió al juez Chhiabra que se postergue para el 5 de febrero la audiencia porque aún no ha encontrado a un “apropiado experto” que evalúe las condiciones de confinamiento de su defendido a las que está sometido en la prisión Maguire del condado de San Mateo.

Además, indicó que debe terminar de analizar las grabaciones de 95 llamadas telefónicas que hizo Toledo desde el penal. Sostuvo que muchas de esas comunicaciones están en español, por lo que necesita traducirlas para evaluarlas.

La fiscal estadounidense Elise LaPunzina, sin embargo, se opone a la excarcelación porque alega que el exlíder del partido Perú Posible puede huir del país.

Ese argumento lo sustenta con evidencias que demuestran que Toledo y su esposa Eliane Karp intentaron viajar a Israel en 2017 –compraron seis pasajes aéreos– después de que se emitiera la orden de detención contra el expresidente desde Perú.

Otra prueba es que el día de su detención, en julio de este año, se halló en su residencia una maleta con US$40 mil en efectivo. De hecho, esa fue la razón por la que el juez Hixson ordenó su internamiento en una prisión, ya que era una demostración irrefutable de que manejaba recursos como para viajar.

Fuentes de Cancillería indicaron a este diario que la extradición de Toledo se concretaría en dos años, estimando los recursos y apelaciones que se interpondrían.

Sabía que

En febrero de 2017, el juez Richard Concepción ordenó la captura internacional del expresidente Alejandro Toledo.

Toledo ha negado siempre la versión del exdirectivo Jorge Barata, quien fue el que reveló el soborno entregado al exjefe de Estado.

El exmandatario vive en EE.UU. desde 2017.

Eliane Karp: La Corte Suprema decidirá
El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, manifestó ayer que es la Corte Suprema la última instancia en el fuero penal que debe aprobar la extradición de Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva.

“En este caso, apenas el Ministerio Público ha hecho la solicitud, el juez la tramitó y el próximo paso es que llegue a la Corte Suprema para que dé una opinión consultiva sobre el proceso de extradición y luego pasar al Poder Ejecutivo para que el Consejo de Ministros se pronuncie y dé la palabra final si se pide o no la extradición a Estados Unidos”, declaró ayer a la prensa.

Cabe recordar que el líder del equipo especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, fue quien reveló desde Brasil que la repatriación de Karp fue aprobada “en primera instancia”.

En junio pasado, la Fiscalía formuló acusación contra el expresidente y su círculo más cercano por supuestamente adquirir costosos inmuebles con las coimas que habría recibido Toledo.

Para la ex primera dama se pidió una pena de 16 años y ocho meses, y el pago de S/6 millones de reparación civil, además de su inmediata extradición de Estados Unidos.