RCR, 10 de junio de 2025.- Durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) que se realizó en la ciudad de Niza, en Francia, la presidenta Dina Boluarte, adhirió al Perú al Tratado de Biodiversidad Biológica Marina en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés), conocida también como Tratado de Alta Mar.
A través de un comunicado conjunto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERÚ), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresaron su rechazo a esta iniciativa y denunciaron que el Gobierno no solicitó información técnica a los sectores involucrados.
Igualmente, el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (CALAMASUR) han manifestado su rechazo a través de su presidente Alfonso Miranda, quien asegura que la firma de la presidenta a participar en esta iniciativa, la cual aún no entra en función, representa la renuncia del país en la toma de decisiones respecto al aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
Miranda reclamó la decisión tomada por la presidenta sin haber realizado una consulta previa con los pescadores artesanales y gremios que son parte del sector productivo. Asimismo, consideró que la decisión debió entrar en debate para decidir el destino de los recursos pesqueros peruanos.
De igual forma, afirmó que países que no tienen intereses pesqueros, tendrán el mismo peso en la toma de decisiones respeto a cualquier medida que se tome en conjunto. “Ya no van a ser los países pesqueros los que van a regular la pesca en alta mar, sino 190 países, de los cuales más de 120 no tienen intereses en la pesquería”, comentó para la Red de Comunicación Regional (RCR).
El presidente del comité acusó al Gobierno peruano de ceder ante las ONG, tras revelarse que el Acuerdo BBNJ viene siendo impulsado por estas entidades con el fin de acabar con los sectores productivos en nuestro país como la pesca, apuntó que estas organizaciones han ido “formando opinión” e influyendo en la toma de decisiones de funcionarios públicos.
Por último, Miranda sugirió al Congreso tomar con rigor y no precipitadamente la decisión de esta firma, asegurando que no debemos poner en riesgo la soberanía peruana. “Esto no es una norma de menor jerarquía, no es una norma administrativa que tenga que ver con un asunto doméstico, si no es un tratado internacional que compromete al Perú y como todo tratado internacional tiene asuntos de soberanía, que es muy importante estar seguros de que no hay ninguna afectación a ello”, afirmó.
