RCR, 03 de julio de 2025.- Christian Campos Vásquez, investigador asociado al Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, alertó que las economías ilegales como la minería ilegal se han situado en varias regiones del país, generando más de 4 mil millones de dólares e incluso empleando a más de un millón de personas.
“No existe un solo departamento donde no exista presencia al menos de un eslabón de actividades de alguna economía ilegal, eso se conecta con producción ilícita de cocaína, extracción ilegal de minerales como el oro, tala ilegal de madera y contrabando de productos. Y en este camino, de la producción de suministros, la economía va dejando una escena de dinero y también de intereses”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal de madera generan alrededor de 7.500 millones de dólares anuales, representando aproximadamente el 2.7% del PBI. Mencionó que este fenómeno no solo mueve dinero, sino también emplea a más de 1.4 millones de personas.
“Solamente en la base de extracción, cadenas de oro o madera, produce aproximadamente un millón de empleos, aproximadamente 1 de cada 10 peruanos, es decir, 1.4 millones de personas que trabajan a lo largo de la cadena de suministro en las actividades principales secundarias o las de apoyo logístico, pertenecen a actividades ilegales”, expresó.
Campos indicó que estas economías están presentes en todas las regiones del país, pero se concentran con mayor intensidad en la Amazonía como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, también en las zonas de frontera, como Piura y Puno. Alertó que esta red se alimenta de la porosidad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
“Aquí no consumimos el oro ni la cocaína que producimos, esto se vende en otros lados, solo que necesitan de las fronteras terrestres, marítimas o ilícitamente fronteras aéreas para sacar los productos, y también para ingresar insumos en otros apoyos logísticos como armamento, mercurio, entre otros”, mencionó.
Enfatizó que actualmente, la minería ilegal genera más ingresos que el narcotráfico, considerando que, en 2023, la venta de oro ilegal alcanzó los 4.600 millones de dólares, superando los 2.200 millones de dólares generados por la comercialización de cocaína. Agregó que este flujo de dinero, sumado a la falta de regulación efectiva facilita su entrada en la esfera política.
“Se ha identificado mecanismos mediante los cuales estas economías ilícitas financian campañas electorales. Entre ellos destacan el uso de testaferros y empresas fachada, como la creación de ONG falsas, el uso de criptomonedas para ocultar donaciones, y el fraccionamiento de aportes, esto suele utilizarse para pagar asesorías, manipular encuestas y financiar medios de comunicación para incidir en la opinión pública”, anotó.
Sostuvo que el dinero ilegal puede influir en la democracia, desde la creación de un candidato, la formación de un partido, la compra de espacios en listas, la apuesta por varios candidatos simultáneamente, hasta la negociación con candidatos ganadores para asegurar que su agenda favorezca a las redes ilegales.
“En el marco de las elecciones, las economías ilegales podrían convertir a las campañas políticas en espacios vulnerables a la injerencia del crimen organizado. La cooptación del poder democrático con millones de peruanos dependiendo de estas actividades, y con campañas que requieren altos costos para competir, esto compromete la legitimidad del sistema electoral y consolida una relación estructural entre economía sumergida y política”, manifestó.
Remarcó que no se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno que se ha expandido con rapidez y que hoy representa una amenaza para el Estado, por lo tanto, hizo un llamado a la población e instituciones gubernamentales actuar contra las actividades ilegales frente a las elecciones 2026. “No podemos pensar que la política esté desligada de la economía informal y del crimen organizado en muchas regiones del país”, concluyó.
