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AFIRMAN QUE GESTIÓN ANTERIOR DEL MINEM BLOQUEÓ FORMALIZACIÓN MINERA AL OMITIR EVALUACIONES AMBIENTALES CLAVE

  • El analista Iván Arenas advirtió que la falta de fiscalización y el descuido técnico en el periodo pasado provocaron que solo 64 mineros, de un universo de más de 31 mil, lograran la legalidad.

RCR, 18 de diciembre de 2025.- El analista político Iván Arenas ha revelado que una de las principales trabas técnicas en la formalización minera ha sido la falta de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental durante la administración pasada del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Dijo que esta omisión habría estancado el progreso de miles de mineros que buscan operar bajo la legalidad.

Arenas señaló que, si bien el REINFO exige requisitos como el RUC, una operación geolocalizada y el uso legal de explosivos, el verdadero cuello de botella en las últimas semanas ha sido técnico.

Explicó que la falta de evaluación en la gestión anterior del MINEM no cumplió con los procesos de evaluación y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental.

“Como consecuencia de estas deficiencias, de los 31,565 REINFOs existentes, solo se han logrado formalizar 64, según datos proporcionados por la propia Dirección Regional de Asuntos Ambientales ante la Comisión de Energía y Minas”, comentó en entrevista a Exitosa.

Cambio de rumbo en la actual gestión

Precisó que a diferencia del periodo anterior, la actual gestión del MINEM a través del titular Luis Enrique Bravo de la Cruz , ha decidido asumir la responsabilidad de evaluar estos expedientes ambientales. Este paso es considerado fundamental para «cerrar el círculo» de la formalización, permitiendo que los mineros con REINFO vigente puedan finalmente consolidar acuerdos con los titulares de las concesiones y vender su mineral a empresas legalmente constituidas.

Arenas reiteró que este avance técnico debe ir de la mano con la integridad institucional. En ese sentido, enfatizó que las denuncias de corrupción y venta de registros por montos de hasta $12,000, así como las acusaciones vertidas por el exdirector Máximo Gallo, deben ser debidamente probadas para no entorpecer los esfuerzos de la actual administración por sanear el sector.