Ex decano del Colegio de Abogados de Puno Freddy Vilca, precisa que solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la región para Walter Aduviri se fundamenta legalmente.
El gobernador regional Walter Aduviri no puede alegar que existe una persecución política en su contra porque nunca ha cumplido con responder ante el Poder Judicial por la denuncia de delito contra la tranquilidad pública, ocurrido en mayo del 2011, por el caso conocido como “Aymarazo”, sostuvo Freddy Vilca Monteagudo, Past Decano del Colegio de Abogados de Puno, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
“De ninguna manera se puede señalar que aquí hay persecución política. Yo creo que la reacción de señalar que existe una persecución política no debería ser una respuesta apropiada del gobernador Aduviri. Keiko Fujimori ha señalado también que es una presa política, pero esto no tiene ningún asidero. Lamentablemente, el gobernador no ha dado señales de un comportamiento procesal ajustado al código”, dijo.
El exdecano del Colegio de Abogados de Puno mencionó que “otro detalle es que se ha denunciado hace poco en Puno una lista de asesores, dentro de los que se encuentra su abogado Carlos Mesía (expresidente del Tribunal Constitucional) a quien se le está pagando desde enero de este año 8 mil soles mensuales. Mesía fue su abogado ante la Corte Suprema en la que se discutió el recurso de casación en octubre del año 2018. Esto es delicado porque Carlos Mesía es un ‘asesor fantasma’ al que seguramente se le está pagando sus honorarios que en octubre de 2018 no se le habría pagado”.
Sostuvo que la solicitud del fiscal Juan Bautista Monzón ante el juez Youl Riveros para que se cambie la orden de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva para Aduviri tiene fundamentos legales.
“Yo creo que este requerimiento del fiscal Juan Monzón Mamani está ajustado al Código Procesal Penal y a las circunstancias que se habían establecido en su momento cuando el juzgado había ordenado la comparecencia con restricciones el día 29 de octubre del 2012. En esa audiencia se había establecido una serie de limitaciones y restricciones para Aduviri”, recalcó.
Explicó que el Ministerio Público señala en su requerimiento que Aduviri nunca cumplió con presentarse mensualmente en el despacho judicial para dar cuenta de sus actividades. “No se presentó en marzo, mayo, junio, julio, agosto y diciembre del 2016 (seis meses), en febrero de 2017, también de enero a diciembre de 2018 (12 meses), y de enero a marzo del 2019 (tres meses)”, precisó.
“También se ha ausentado de su domicilio puneño sin autorización judicial como se había fijado en su momento. Ha viajado varias veces a la ciudad de La Paz (Bolivia) para reunirse con el presidente boliviano Evo Morales. También viajó a Lima el 26 de diciembre del 2018 y el 1 de marzo del 2019 (a una reunión de la PCM). Es decir ha incumplido con estas restricciones impuestas por el juzgado en su momento”, indicó.
Enfatizó que la fiscalía argumentó que hay un peligro de fuga debido a que cuando Aduviri fue condenado a 7 años de prisión en diciembre de 2017 se mantuvo oculto en la clandestinidad hasta octubre del 2018, cuando la Corte Suprema declaró fundada su casación. “La Fiscalía señala que existe la probabilidad de que acabado el juicio oral y en caso de imponérsele una pena efectiva, Aduviri vaya a rehuir la acción de la justicia. Existe el antecedente de que se mantuvo oculto, inclusive en plena campaña electoral. Yo creo que esto no juega a favor del gobernador regional”, remarcó.
“Seguro que el juzgado colegiado de Puno va a ratificar la misma condena del 2017. Seguro que la Corte Superior va a confirmar esta medida y vamos a volver a un escenario de casación ante la Corte Suprema, es decir la pena efectiva que se le va a imponer al gobernador lo va a mantener alejado del gobierno regional. En el periodo 2017-2018 esto ha ocurrido durante 9 meses, que más o menos dura un recurso de casación, quizá más”, dijo.
Añadió que el consejo regional va a tomar la decisión correspondiente de suspensión, porque la vacancia procede únicamente cuando se tenga sentencia condenatoria firme, es decir tras el recurso casación y confirmación de la condena.
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