RCR, 12 de Octubre 2022 .- La acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides ante el Congreso, podría terminar en la suspensión de Pedro Castillo del cargo de presidente de la República, señaló el exprocurador anticorrupción, José Belón.
“Es un trámite constitucional paralelo al tema de la investigación procesal penal que se sigue”, comentó Belón al explicar que ahora la acusación pasa a la Comisión Permanente del Parlamento, que será la primera instancia y, tras una evaluación con apoyo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, elevará un informe al Pleno del Congreso.
En declaraciones a Conexión Perú, de Red de Comunicación Regional, agregó que será finalmente el Pleno que, en votación, decidirá si ampara o no el pedido y suspende de sus funciones al presidente de manera preventiva.
Belón también señaló que la eventual aprobación de la acusación constitucional permitirá a la Fiscal de la Nación, procesar al mandatario y levantar su inmunidad.
“Lo que resta acá es que los congresistas, frente a tanta evidencia, elemento probatorio e intervenciones como colaboradores eficaces, puedan aprobar la denuncia constitucional. No vaya a ser que, como hay un halo de protección de parte de (los congresistas denominados) Los Niños, Las Niñas y etcétera, la denuncia fiscal caiga en saco roto”, comentó.
A criterio de Belón, el Ministerio Público también podría activar los mecanismos procesales penales contra el presidente, ya que -a su criterio- no hay impedimento para solicitar detención preliminar o detención preventiva e investigación preparatoria contra el mandatario.
Detenciones y allanamientos
El exprocurador anticorrupción, José Belón, expresó que el Ministerio Público ha cumplido su función al solicitar la detención de los presuntos integrantes de la organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo y que serían sus asesores a la sombra.
Explicó que un fiscal puede solicitar medidas como el allanamiento e incautación de bienes relacionados con el presunto delito, así como la detención preventiva de los supuestos involucrados.
Belón expresó que la ejecución de medidas durante la investigación, como el allanamiento en las oficinas de Palacio de Gobierno, significan un progreso del derecho procesal, ya que no hay escollos de personas, cargos, riqueza o poder para que el sistema de justicia cumpla su labor.
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