Fuente : Diario Correo

Ex viceministro de Derechos Humanos Miguel Soria presenta medida cautelar ante organismo para que el Estado utilice dicho instrumento
Desde el 6 de julio, mi madre Iris Margot Chávez Maita se encuentra en la clínica Jesús del Norte (Independencia), con coronavirus avanzado. Pero mis deudas se han ido incrementado conforme pasan los días. Le pido a las autoridades que se aplique el acuerdo para el traslado a las clínicas”, nos dice Ana María Castro Chávez, hija de Iris Margot, al detallar que su deuda para la atención de su madre asciende a 20 mil soles.

 “Eso es una parte de un total de 39 mil soles. Yo la llevé a esa clínica luego de ver que el primer hospital al que acudí, el Sergio Bernales (Comas) esta colapsado. Me pedían que para la atención debía llevar oxígeno. Ya en la clínica, tuve que pedir préstamos para llegar a la cantidad mínima de 20 mil soles”, nos cuenta Castro por teléfono.

Sus lágrimas denotan la desesperación de la hija que no sabe a qué atenerse con el delicado estado de salud de su madre.

Medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Tras conocer este y otros casos, el abogado Miguel Soria presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que se aplique de manera efectiva el intercambio prestacional, instrumento gracias al cual los pacientes COVID-19 pueden atender se en clínicas por encargo y financiamiento del Estado.

La CIDH, que ya recibió el pedido, lo evaluará en los próximos días y emitirá una respuesta, en atención a la urgencia de los casos.

En el documento, al que accedió Correo y que tiene como fecha el 4 de julio, Soria indica que el convenio arribado con los establecimientos de salud privado -y cuya base legal es en un decreto legislativo- no se está aplicando, en perjuicio de los pacientes con el nuevo coronavirus.

“Existen personas (….) cuya vida corre el riesgo real e inmediato de ser lesionada por la omisión del Estado peruano de trasladar a dichos pacientes a otras entidades prestadoras de salud públicas, privadas o mixtas para que, con la adopción de todos los mecanismos a su alcance, y en aplicación de las leyes vigentes, procuren salvar sus vidas”, reza la medida cautelar.