El abogado experto en derecho procesal penal, Humberto Abanto, advirtió también sobre la existencia de una campaña, desde la Fiscalía y del Poder Judicial, para destruir a las fuerzas opositoras, en este caso específico, del Partido Aprista.    

RCR, 2 de mayo 2019.- Los elementos de convicción presentados por el Fiscal José Domingo Pérez –en base a la confesión sincera de Miguel Atala- para sustentar la recepción directa de sobornos, por parte del expresidente Alan García, no serán válidos si no se establece la ruta del dinero presuntamente ilícito de la corrupción de Odebrecht, afirmó el abogado experto en derecho procesal penal, Humberto Abanto.

”La compleja ruta del dinero que ha creado el mismo (Miguel) Atala. Atala dice que el dinero lo recibió en Andorra, lo pasó a su cuenta personal, en el Scotia Bank de Panamá. Y, luego, lo pasó a su cuenta personal, aquí en el Perú. Pero que de esa cuenta no le dio el dinero a Alan García. Le dio dinero de sus negocios personales. Y que luego se ´cobraba´ de la cuenta que tenía del dinero de Odebrecht. Esto es bastante extraño”, subrayó.

Consideró que esa situación expuesta por Atala es “bastante extraña” porque –anotó- él fue condenado, en el 2006, por una cuenta impaga de luz de S/ 50 000 (cincuenta mil soles) y por robar electricidad.

“¿Qué hombre pudiente, con negocios personales boyantes se deja condenar por una deuda de electricidad que, en ese momento, alcanzaba los US$ 20 000 (veinte mil dólares)? Creo que hay que poner a trasluz de la realidad la situación económica del señor Atala”, anotó.

En ese sentido, recalcó que en el proceso judicial Miguel Atala va a tener que probar cada desembolso presuntamente entregado al exmandatario García, y que no es poco: estamos hablando cincuenta entregas de dinero de veinte mil dólares.       

“Porque ahora va a decir que tenía en efectivo. Pero el efectivo siempre viene de un banco o viene de alguna actividad de quien se lo ha dado. Va a tener que mostrar eso. Va a tener que mostrar los momentos en los cuales se reunió (con el exjefe de Estado). Porque hay historias curiosas. Él dice que ha entregado el dinero entre el 2006 y el 2018. Pero hay un periodo en el que García estaba en Madrid. ¿Cómo hizo para sacar efectivo? Porque sabemos que para sacar del país más de diez mil dólares, se declara”, detalló. 

Refirió que lo que busca Miguel Atala, con el acogimiento del beneficio de la confesión sincera, es  la reducción de la pena y, sobre todo, la liberación de su hijo, “que es parte de la negociación”. 

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Abanto advirtió también sobre la existencia de una campaña, desde la Fiscalía y del Poder Judicial, para destruir a las fuerzas opositoras, en este caso específico del partido aprista.    

“Aquí tenemos una Fiscalía y un Poder Judicial tuertos. Ven sólo a través del ojo izquierdo.  Con el ojo izquierdo enfocan a los partidos para destruirlos. Lo que veo es que, a partir de las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, se pretende destruir a un partido. Se ha hablado que el Apra es una organización criminal, y que los testigos corren peligro por una supuesta ´fuerza de choque´, sin siquiera haber identificado una persona como miembro de esta ´fuerza de choque”, apuntó.  

Norma que permite intervención de personas jurídicas podría disolver partidos políticos 

Al respecto, alertó la existencia de una norma que permite, dentro del Código Procesal Penal, que permite intervenir personas jurídicas, suspender su funcionamiento y hasta disolverlas, ya que podría usarse para disolver partidos políticos.

“¿No será esto lo que se está persiguiendo para destruir a una fuerza opositora? Ya destruyeron a  Alan García y el siguiente paso, sin ninguna duda para mí, de parte de los ideólogos de este proyecto, que son visibles y están identificados por todos,  es la destrucción del Partido Aprista”, arguyó.

Asimismo, consideró que si bien desde su perspectiva es “muy difícil” que se le pueda aplicar a los familiares de exmandatario Alan García la ley de perdida adquisitiva de dominio, dijo que no le sorprendería que ésta sea finalmente ejercida por la Fiscalía y el Poder Judicial.   

“Alan García ya fue investigado y no se le encontró desequilibrio económico, ni desbalance patrimonial. Por lao tanto, desde mi perspectiva, sería muy difícil y procesalmente imposible que se pueda acreditar que el único bien que tiene, la casa donde murió, sea alcanzado por la pérdida de dominio. Y, además, por el simple decir de una persona”, remarcó.

En todo caso, cuestionó el desequilibrio marcado en los casos judiciales de los distintos actores políticos, especialmente entre la benevolencia mostrada hacia la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con la extrema severidad aplicada a los casos de Alan García y Keiko Fujimori. 

“Es muy sintomático que el fiscal jefe del equipo especial diga que el proceso en el que más pruebas tiene es el de Susana Villarán, fundadora del Instituto de Defensa Legal. Y que contra ella no se haya avanzado nada, ni se la llame organización criminal, ni se la califique con los términos peyorativos que usan para otras fuerzas. Y otras, donde tienen elementos muy incipientes o simples expresiones, palabras o decires, avanzan de manera incontenible”, alegó.       

Advierte sobre dispositivo legal que permite reunión a solas de fiscal con imputado

El letrado calificó igualmente “muy grave” y “extremadamente peligroso” el acápite de la norma que señala que el fiscal puede reunirse con el imputado, sin la presencia de su abogado.

“Es algo que no debería existir. Porque sientan a un hombre como es el fiscal, con formación jurídica, con una persona absolutamente indefensa, porque no conoce sus derechos o lo que tiene que hacer. Y entonces, el poder de convicción que tiene el fiscal, es enorme”, aseveró.

El abogado manifestó igualmente que el 60 % de la población penal que no tiene condena firme en las cárceles del país, es una situación que –dijo- expresa el nivel de brutalidad a que hemos llegado como sociedad.

“Porque si algo distingue a una sociedad civilizada de una sociedad bárbara, es el trato al distinto y el trato al infractor o al sospechoso de infractor. Las sociedades bárbaras lo destruyen, lo aplastan. Las sociedades civilizadas lo tratan como lo que es: como un ser humano. Eso es no lo que está pasando. Y esto tiene que ver con cuatro factores: 1- una cultura autoritaria; 2- tenemos una incipiente formación democrática; 3- tenemos una legislación retardataria; y 4- una judicatura reaccionaria y una fiscalía estalinista”, enfatizó.  

Reconoció que somos una sociedad que ha vivido con la impunidad, pero que junto a esto va también el empleo bárbaro del poder punitivo estatal.

Amnistía a comuneros por Las Bambas significará fin de la democracia peruana

En el caso del conflicto de la mina Las Bambas, Abanto expresó que la eventual aplicación de una amnistía para los comuneros de Cotabambas, implicados en procesos judiciales, significará el fin de nuestra democracia, tal y como se la reconoce a nivel universal.   

“Si nosotros aprobamos esta amnistía, podremos tener por disuelta esta República. Y habremos acabado con el sistema democrático, para (pasar a) consolidar esta democracia plebiscitaria. Esto que don José Ortega y Gasset llamaba una democracia plebeya, que va a destruirnos. Porque, en términos técnicos, eso se llama oclocracia. Que es el gobierno de la turba, el gobierno del tumulto. Y ésa es la destrucción de las bases de una sociedad civilizada”, puntualizó.    

Sostuvo que si bien por principio es partidario de la aplicación de la amnistía, en el caso de Las Bambas no quepa dicha figura jurídica, ya que es un tema de extorsión a una empresa extranjera.

En otro momento, el también abogado de la intérprete folclórica, Abencia Meza, consideró que, en su patrocinada, la Corte Suprema debería tener el valor de no sólo anularle la sentencia, sino de resolver el fondo, absolverla de los cargos, y no hacerla padecer el calvario tres años adicionales de un nuevo juicio oral.  

“Abencia ha tenido el valor de quedarse conmigo peleando ocho años para que el Tribunal Constitucional fulmine es sentencia. Tengo a una persona inocente en prisión pro casi diez años. Con el análisis que ha hecho el Tribunal, es casi imposible que la Corte dicte una sentencia diferente del fallo que anuló la condena a Abencia”, concluyó.       

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