Marcial Torres, decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, y Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación de Farmacias del Perú, dicen que multa de S/. 8,400 haría quebrar a boticas independientes.
La aprobación de un decreto de urgencia que reglamenta la venta de medicamentos genéricos en todas las farmacias perjudica a los pequeños establecimientos independientes ubicados en zonas urbano marginales y rurales, indicaron Marcial Torres Caballero, decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, y Ana María Jiménez Velásquez, presidenta de la Asociación de Farmacias del Perú, a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“El Colegio Químico Farmacéutico del Perú ratifica su apoyo a cualquier política que incentive la promoción y uso de los medicamentos genéricos. Sin embargo no estamos de acuerdo en que se busca sancionar su incumplimiento con 2 UIT (S/. 8,400). Esto obedece a un problema que existe en las grandes cadenas que niegan la venta de medicamentos genéricos y obligan a comprar lo que ellas quieren”, dijo Torres Caballero.
Agregó que “este problema nunca ha ocurrido en las farmacias y boticas independientes”. “Con esta multa más bien se estaría favoreciendo a los grandes monopolios y se estaría perjudicando a los pequeños empresarios que han ubicado sus establecimientos en las zonas urbano marginales y rurales”, indicó.
“Nosotros queremos dialogar con el Ejecutivo para que se modifique esta cuarta disposición para que más bien se incentive y se premie a los establecimientos que sí cumplan con la norma. Además esta norma ve las cosas superficialmente, porque no basta decir que haya disponibilidad, de medicamentos, sino que debemos garantizar una política de precios que vaya de la mano con la propuesta. Nosotros proponemos la creación de un sistema de regulación que permita que los ciudadanos paguen un precio justo”, subrayó.
A su turno, Jiménez Velásquez recalcó que “es importante entender que una multa de S/. 8,400 para un microempresario es bastante y haría desaparecer a las farmacias y boticas independientes y al final la población quedaría desamparada y sería la más perjudicada”.
“El Estado debería hacernos partícipes de la reglamentación, porque somos químicos farmacéuticos que realmente trabajamos por la salud de la población. El Estado debería incluirnos en las compras corporativas, por ser parte del Sistema de Nacional de Salud en el primer nivel. La gente al primer lugar que recurre cuando tiene un problema de salud es a la farmacia y somos nosotros quienes tenemos que detectar si hay un paciente tuberculoso o con VIH para derivarlos a un hospital”, subrayó.
Recalcó que “existe un promedio de 15 mil farmacias y boticas de las cuales dos mil son de propiedad de químicos farmacéuticos. La ley exige que el farmacéutico esté en las farmacias, pero esto no se cumple necesariamente en las cadenas. Por eso estamos preocupados porque nosotros los profesionales químicos farmacéuticos que estamos a cargo de las farmacias independientes siempre hemos vendido medicamentos genéricos”.
“Las farmacias rurales venden genéricos que la población necesita, pero la necesidad no es la misma en la Sierra que en Lima. La ley me obliga a comprar productos que no salen en mi zona y perjudica a las farmacias independientes. Por otro lado nuestros precios no van a ser competitivos, porque ahora las grandes cadenas tienen un solo dueño e imponen sus precios”, dijo.
Por su parte, Torres Caballero manifestó que “las grandes cadenas representan el 20% en número de establecimientos pero en ventas representan el 70%. Pero esa minoría del 20% tiene el control del mercado que es un 70% y el resto se distribuye entre los 15 mil establecimientos. Las cadenas, dentro del criterio de la oferta y demanda pueden imponer precios. Esta medida ha debido de estar acompañada de una regulación de precios”.
“Ahora estamos oficiando a la Comisión Permanente para que el decreto de urgencia pueda ser revisado por el nuevo Congreso. Esperamos que estemos a tiempo de poder remediar, porque siempre hemos manifestado nuestra disposición de trabajar junto con el Ejecutivo.
Mencionó que “según el Inei el 17% de la población va directamente a la farmacia o botica y un 16% acude a los establecimientos del Minsa, y debemos aprovechar para que la farmacia constituya una puerta de entrada al sistema de salud, y si considera que el paciente necesita otro tipo de atención, desde la misma farmacia le saca una cita en un hospital, y de esa manera podemos contribuir con el sistema de salud”.
“Lamento mucho que el premier Vicente Zeballos no haya recibido al Colegio Químico Farmacéutico por desinterés o falta de tiempo. Esperamos que podamos dialogar para mejorar la norma. Entendemos que la norma es buena, porque es la primera vez que se declara a los medicamentos como bienes esenciales para garantizar el derecho a la salud y solo eso ya es un gran avance para el país”, dijo.
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