RCR, 06 de noviembre 2026.- Actualmente, cerca de 1,5 millones de jóvenes peruanos no estudian ni trabajan, pero su incorporación al mercado laboral podría generar más de S/13.000 millones en ingresos al año para el país.
Esta cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) refleja el costo económico de la exclusión laboral juvenil, un problema que también se manifiesta en la caída del empleo, la informalidad y las dificultades para acceder a un primer trabajo formal.
“Siguiendo una metodología de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), hemos estimado que hay cerca de un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan en el país. Si este millón y medio de ninis trabajase, generarían más de 13.000 millones de soles en ingresos. Eso es equivalente a más del 1,3 % de nuestro PBI”, afirmó Matías Buendía, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), en la secuencia Radar Económico de Red de Comunicación Regional (RCR).
El empleo juvenil retrocede
Buendía advirtió que el empleo juvenil registra un retroceso sostenido. Según las estimaciones del IPE, actualmente hay más de 90.000 jóvenes menos trabajando que en 2019. Esta situación contrasta con el crecimiento del empleo general y la reducción del desempleo en Lima Metropolitana, cuya tasa llegó recientemente a un mínimo histórico. Sin embargo, el desempleo juvenil supera el doble del promedio nacional.
“Estamos rezagados de una manera muy importante, sobre todo en empleo juvenil. En el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el empleo juvenil cayó en 18 de las 28 principales ciudades del país. Esto es preocupante porque, entre los 15 y 29 años, los jóvenes desarrollan habilidades técnicas a través de sus estudios y fortalecen sus habilidades blandas mediante el trabajo. Cuando permanecen fuera del mercado laboral, pierden oportunidades para desarrollar estas capacidades”, afirmó.
A la caída del empleo se suma la precariedad de las condiciones laborales. “La informalidad juvenil ronda el 80 %, cuando a nivel nacional es del 70 % aproximadamente”, indicó Buendía. Añadió que el empleo formal ofrece beneficios laborales y seguridad que no existen en el mercado informal.
Perú, además, figura entre los países con mayores niveles de informalidad de la región, a diferencia de Chile, que registra una tasa considerablemente menor.
Esta situación se agrava por las dificultades que enfrentan los jóvenes para pasar de un empleo informal a uno formal.
Buendía explicó que menos del 10 % logra esa transición y que uno de cada cinco trabajadores jóvenes del sector formal pasa a la informalidad. Entre las causas mencionó los prejuicios de las Mypes, que suelen preferir trabajadores con mayor experiencia porque consideran que necesitan menos capacitación y tienen menor rotación laboral. Además, cuando un joven pierde su empleo, muchas veces deja de buscar trabajo y pasa a la inactividad.
Falta de recursos económicos
Entre las barreras para acceder al mercado laboral, el IPE identificó la falta de recursos para continuar los estudios. “Hemos encontrado que el 24 % de los ninis reportaron no tener el dinero suficiente para poder concluir sus estudios”, señaló el economista. Esta limitación se suma a la falta de información para elegir una carrera y conocer sus perspectivas de ingresos y empleabilidad.
La exclusión también presenta diferencias de género y territorio. Dos tercios de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres, muchas de las cuales no buscan empleo porque se dedican a las tareas del hogar.
Buendía precisó que esta situación se observa principalmente en las zonas rurales, donde las dificultades de movilidad y transporte también condicionan el acceso a oportunidades educativas y laborales. A ello se añade la falta de un primer empleo formal, que puede marcar el desarrollo de toda la trayectoria laboral.
IPE propone fortalecer Mi Carrera
Frente a estas barreras, el IPE plantea fortalecer el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que los jóvenes accedan a información completa sobre las carreras universitarias y técnicas, las instituciones educativas y sus perspectivas laborales. “Que esté para todas las carreras, para todas las universidades o institutos técnicos, cuánto ganan al egresar, cuánto ganan en un promedio de los próximos 10 años y también, muy importante, si son formales o informales”, afirmó.
La segunda propuesta consiste en promover la beca por impuesto y los créditos educativos con responsabilidades compartidas. El mecanismo contempla que el Estado, las universidades o los institutos técnicos cubran parte del costo de los estudios y que los beneficiarios devuelvan ese financiamiento cuando se incorporen al mercado laboral. Según el economista, este esquema también generaría incentivos para que las instituciones mejoren la calidad educativa y preparen a sus egresados para conseguir empleos que les permitan asumir el pago de sus estudios.












