El exministro de Energía y Minas sostiene que inacción del Estado permitió la expansión de la minería de oro ilegal en el país.
RCR, 20 de octubre 2026.- La propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) representa un avance para cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero su aplicación dependerá de la capacidad del Estado para fiscalizar estas actividades y frenar la expansión de la minería informal e ilegal en el país.
Así lo sostiene el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, sobre la reciente iniciativa legislativa que el gobierno de Keiko Fujimori remitió a la Cámara de Diputados.
“Me parece un avance en la actitud del Ejecutivo, comparado con lo que ocurrió en gobiernos anteriores. La propuesta de la Ley MAPE es cerrar el periodo del Reinfo mediante un proceso que durará 18 meses. No habrá una fecha única de cierre: el registro terminará este año y, a partir del 1° de enero del 2027 comenzará el proceso de cierre, que concluiría al cabo de un año y medio. Para que se puedan lograr estos objetivos, el Estado tiene que ejercer la capacidad de actuar”, afirmó Herrera en Red de Comunicación Regional (RCR).
La propuesta de Ley MAPE busca establecer un marco jurídico para autorizar, regular, supervisar y fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal, garantizar la trazabilidad de sus operaciones y promover su desarrollo. En ese sentido, la iniciativa plantea que los mineros con inscripción vigente en el Reinfo pasen a un “régimen de consolidación”, que les permitirá continuar sus actividades desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028. Actualmente, alrededor de 30.000 mineros permanecen inscritos en el Reinfo.
“Ahora el camino está definido, pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana porque es un proceso complejo que involucra a mucha gente. La pequeña minería informal, especialmente la dedicada al oro, tiene una participación económica importante en el país y cuenta con un grupo de personas detrás, lo que le da poder. Por eso, el problema no es sencillo de resolver, pero lo fundamental es que existe la voluntad de ponerle fin”, aseveró Herrera.
Control estatal
El exministro explicó que la Ley MAPE contempla dos regímenes: uno ordinario, en el que se obtienen los permisos antes de iniciar la producción, y otro vinculado al Reinfo, que permite producir mientras se tramita la autorización. A su juicio, esta segunda modalidad facilitó la permanencia de actividades que no completaban los requisitos de formalización.
Advirtió que la fiscalización debe abarcar el transporte de insumos y minerales, así como las rutas de comercialización y exportación. “Es más, hoy en día, en términos de toneladas, la cantidad de oro que proviene de la informalidad, incluso de la ilegalidad, es mayor que el que sale de la legalidad”, señaló.
Herrera indicó que el oro peruano, tanto formal como no formal, sale principalmente por vía aérea y pasa por la aduana del Callao. Explicó que el Estado podría reforzar los controles en los puntos de entrada y salida para identificar el origen de los minerales y detectar operaciones irregulares. La trazabilidad consiste en determinar de dónde sale el producto y hasta dónde llega.
Minería ilegal y redes de protección
El exministro cuestionó la falta de intervención de las instituciones encargadas de controlar estas actividades y planteó que esa inacción permitió su expansión. “No quiero usar el término complicidad, pero tenían la amistad o amistades en la Policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, y diría en el propio Ejecutivo y con el Congreso”, declaró.
Sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) puede establecer las reglas del sector y ejercer sus competencias de fiscalización, pero necesita el apoyo de la PNP, el Ministerio Público y otras entidades para hacer cumplir la ley. Por ello, remarcó que la aprobación legislativa no será suficiente si el Estado no garantiza su ejecución.
Cuál será la actitud del Congreso
Herrera señaló que la aprobación de la Ley MAPE dependerá también de la posición del Congreso de la República, donde la iniciativa deberá debatirse en la Cámara de Diputados y el Senado.
“Lo que falta ver es cuál será la actitud del Congreso, porque anteriores gobiernos también hicieron esfuerzos. En particular, durante el gobierno de Dina Boluarte se dio un paso importante: de los 80.000 inscritos en el Reinfo, se excluyó a 50.000 que no habían sido utilizados, con lo cual se redujo el problema a los 30.000 que existen actualmente. Sin embargo, el Ejecutivo no siempre ha contado con el respaldo del Legislativo. En el quinquenio anterior y, posiblemente, en el precedente, hubo congresistas que, por distintas razones, incluso ideológicas, apadrinaron a la pequeña minería y a la minería informal”, manifestó.
El exministro afirmó que la pequeña minería ha cambiado respecto de comienzos de siglo, cuando muchas operaciones eran actividades de subsistencia. Actualmente, son rentables y pueden contribuir al aprovechamiento de los recursos del país, siempre que opere dentro de la legalidad. En ese sentido, consideró necesario que el Estado cambie su relación con los pequeños empresarios, quienes pueden percibir la formalización como una fuente de trabas y hostilidad.
Finalmente, distinguió la minería informal de la ilegal y advirtió que esta última se ampara en las facilidades del Reinfo para continuar operando.
Explicó que en zonas amazónicas de difícil acceso los operativos de las FF.AA. y la Policía pueden perder efectividad cuando los mineros ilegales se esconden y reaparecen tras la retirada de las autoridades.
Por ello, propuso explorar alternativas de minería limpia en territorios afectados, cuyos recursos permitan desplazar las operaciones ilegales y financiar la recuperación de las áreas degradadas.
