• Experto en temas municipales sostiene que el Jurado Electoral Especial debe resolver quién recibirá la credencial de alcalde de Lima.

RCR, 19 de octubre de 2026.- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, está generando incertidumbre sobre la elección de Rafael López Aliaga como virtual alcalde de Lima y puede provocar una crisis en enero de 2027, si no se resuelve previamente quién debe recibir la credencial de la alcaldía.

Así lo advierte el abogado especialista en temas municipales Neptalí Carpio que responsabilizó a Burneo por el clima de tensión que se desataría en enero, en momentos en que la ciudad de Lima tenga que afrontar los efectos del Niño Costero 2027.

“El primer error del JNE fue cuando permitió que López Aliaga habiendo sido elegido senador y transgrediendo el artículo 94 de la Constitución, permitió que renuncie y postule como primer regidor. Y el segundo grave error es que no se pronuncia hasta ahora respecto a cuál va a ser la decisión electoral respecto a aquellos alcaldes que fueron elegidos en el mandato que está por culminar y que se presentan como primeros regidores”, afirmó Carpio en el programa Perú2030 de Red de Comunicación Regional (RCR).

Rechazó que la decisión sobre quién debe asumir la alcaldía se traslade al Consejo Municipal y precisó que corresponde a los órganos electorales resolver la entrega de credenciales.  En su opinión, la controversia debe definirse antes de que comience la nueva gestión municipal, para evitar que la disputa interfiera con las responsabilidades del gobierno de Lima Metropolitana.

“El artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales señala explícitamente que son los Jurados Electorales Especiales (JEE) los que entregan la credencial del alcalde. Eso no puede ser delegado al Consejo Municipal. Por lo tanto, los jurados electorales especiales tienen que tomar una decisión”, aseguró el también comunicador social.

Añadió que existen precedentes electorales según los cuales, cuando el primer regidor presenta una causal que le impide asumir la alcaldía, la credencial puede corresponder al regidor subsiguiente. Por ello, consideró que el JEE de Lima Centro debe resolver el caso y que su decisión puede ser apelada ante el JNE.

Dos escenarios para enero

Carpio advirtió que la controversia puede desembocar en una crisis en Lima, donde la diferencia electoral entre López Aliaga y Francis Allison fue inferior a un punto porcentual.

Habría dos escenarios. “Creo que va a producirse una tensión muy fuerte. En el caso de Lima, el primer escenario es que el JEE de Lima Centro entregue la credencial al segundo regidor, porque López Aliaga tiene un impedimento legal de acuerdo con la Constitución. En ese caso, no habría problema. Pero estoy seguro de que López Aliaga reaccionará con todo, volverá a amenazar a Burneo con denunciarlo e incluso acudirá al Poder Judicial. ¿Qué va a generar eso? Tensión y una crisis”, aseveró.

El segundo escenario es que el JEE le entregue ilegalmente la credencial a López Aliaga. Eso daría lugar a una apelación de distintos sectores y el caso pasaría al JNE, lo que prolongaría la incertidumbre. “¿Quién es el responsable de esta crisis y de la incertidumbre? El JNE y su presidente, Roberto Burneo, porque pudo definir claramente la vía que debía seguirse tres o cuatro semanas antes y no lo hizo deliberadamente. Está jugando a favor de López Aliaga, y creo que eso hay que decirlo claramente”, cuestionó.

Segunda vuelta para Lima

En otro momento, Carpio respaldó la propuesta de Francis Allison, de Avanza País, de establecer una segunda vuelta para elegir al alcalde de Lima. Sin embargo, precisó que ese mecanismo no está contemplado en el ordenamiento vigente para las elecciones municipales de la capital y que no puede aplicarse retroactivamente para resolver la controversia actual.

“El primero es que debería institucionalizarse el mismo procedimiento que en los gobiernos regionales. Es decir que si en el caso de Lima un candidato no pasa el 30 % de los votos válidamente emitidos, entonces tiene que haber una segunda vuelta”, propuso.

Planteó, además, que los regidores metropolitanos sean elegidos en cuatro o cinco distritos electorales múltiples, de modo que Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro tengan una representación más vinculada con las demandas de sus habitantes. Sostuvo que estos cambios requieren una reforma normativa que fortalezca la legitimidad del gobierno metropolitano.

Reforma del poder metropolitano

Carpio consideró que la fragmentación administrativa de Lima exige una reforma estructural que permita coordinar las decisiones de las 43 municipalidades distritales. Como referencia, destacó los modelos de Bogotá y Quito, donde existen mecanismos de articulación entre el gobierno metropolitano y las autoridades locales.

“La jurisdicción del estado metropolitano ya no puede ser una provincia. Tiene que ser una región metropolitana, que es diferente a un gobierno regional del interior del país por la particularidad de la capital de la República”, sostuvo.

La propuesta incluye integrar a Lima y Callao en una región metropolitana, mediante una reforma constitucional, y establecer una organización territorial que permita coordinar los servicios públicos. Carpio señaló que el Congreso de la República rechazó una iniciativa anterior para crear municipalidades integradas, porque esa figura no estaba contemplada en la Constitución.

También propuso crear un serenazgo metropolitano para articular la seguridad ciudadana y aprovechar economías de escala en servicios como la videovigilancia y la recolección de residuos sólidos. Asimismo, planteó revisar la coordinación del transporte entre Lima y Callao a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Carpio señaló que la fragmentación también afecta la distribución de los recursos municipales. Como ejemplo, mencionó a San Juan de Lurigancho, cuyo presupuesto ronda los 400 millones de soles, de los cuales unos 50 millones se destinan a proyectos de inversión, mientras el resto corresponde a gastos corrientes. A su juicio, una mayor coordinación metropolitana permitiría mejorar la planificación y orientar mejor los recursos hacia las necesidades ciudadanas.