Expulsión de estudiantes podría dejarlos sin opciones para seguir sus estudios escolares.
RCR, 14 de octubre de 2026.- La Asociación de Colegios Privados del Perú (ANACOPRI), que agrupa a 20 mil centros educativos a nivel nacional, respalda los nuevos lineamientos de disciplina escolar, pero advierte que aún hay vacíos legales que podrían generar denuncias ante Indecopi si las instituciones educativas expulsan a estudiantes con contratos de matrícula vigentes.
Así lo señala Guido Quintanilla, presidente de dicho gremio, que solicita al Ministerio de Educación (Minedu) precisar cómo aplicar estas medidas sin vulnerar los compromisos contractuales ni el derecho a la educación.
“Los colegios privados estamos de acuerdo con las medidas, pero tenemos muchas preocupaciones porque no se han contemplado todos los aspectos. Como instituciones educativas, firmamos un contrato civil anual con los padres de familia para brindar el servicio educativo. Sin embargo, falta precisar cómo se compatibilizan las normas de convivencia y el derecho del colegio a reservarse la matrícula para el año siguiente por razones contractuales. Si existe un contrato vigente, ¿cómo procedemos a expulsar a un alumno? Ese es un vacío legal”, afirmó Quintanilla en Red de Comunicación Regional (RCR).
Explicó que los contratos educativos establecen la prestación del servicio de marzo a diciembre, por lo que la separación de un estudiante durante el año escolar podría generar conflictos legales.
“Al inicio del año académico, firmamos un contrato con los padres de familia para brindar el servicio educativo de marzo a diciembre. Si ocurre un incidente con un alumno en julio y debemos separarlo del colegio, ¿qué sucede con los meses restantes si tenemos un contrato vigente? Estamos expuestos a denuncias ante Indecopi y a multas muy severas”, remarcó.
Riesgos de las expulsiones
Quintanilla también alertó sobre las dificultades para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes expulsados. Sostuvo que los colegios públicos no tendrían capacidad suficiente para recibirlos y estimó que podrían identificarse entre 5.000 y 10.000 casos de alumnos en situaciones extremas de conducta, aunque no precisó el sustento de esa proyección.
“Muchos alumnos podrían quedarse sin opciones para continuar sus estudios. No estamos hablando de mil casos, sino de más de mil que hemos identificado en la plataforma SíseVe. ¿Adónde iría esta cantidad de estudiantes? Tendríamos que crear colegios especiales para atenderlos. Ahora nos dicen que recibirán clases virtuales, pero ningún colegio público tiene capacidad para ofrecer educación virtual y presencial al mismo tiempo”, aseveró.
Cuestiona a plataforma Síseve
Cuestionó el funcionamiento del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe) y expresó su satisfacción por su anunciada derogación, que aún requiere confirmación oficial
“Aplaudimos que se haya dispuesto derogar el sistema del SíseVe, porque muchas veces se utilizaba como una plataforma para presentar denuncias sin fundamento, mientras el alumno continuaba estudiando gratuitamente durante todo el año. Hubo denuncias mal formuladas y sin pruebas, pero, lamentablemente, el sistema recibía todo tipo de información”, declaró. Agregó que directores, promotores y docentes temían aplicar medidas disciplinarias por el riesgo de enfrentar denuncias.
Cabe señalar que Síseve registró 19.531 reportes de violencia escolar durante 2025 y otros 16.550 hasta septiembre del 2026. De estos últimos, 7.315 corresponden a violencia física, 6.328 a psicológica y 2.907 a sexual. Unas cifras impresionantes.
Piden diálogo con el gobierno
Quintanilla sostuvo que el caso del Liceo Naval evidenció la necesidad de una mayor coordinación entre el Minedu, las UGEL, las fiscalías del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para atender los problemas de violencia escolar.
Asimismo, defendió las medidas orientadas a recuperar el principio de autoridad frente a las críticas de la senadora Mirtha Vásquez sobre las restricciones relacionadas con la apariencia personal de los estudiantes. En ese contexto, expresó su desacuerdo con que el ministro de Educación, José Antonio Chang, deje a criterio de los colegios privados determinadas reglas de presentación personal.
Refirió que ha enviado cuatro solicitudes de reunión al ministro José Antonio Chang y a la presidenta Keiko Fujimori sin recibir respuesta.
Señaló que el sector privado comprende más de 20.000 colegios y atiende a más de dos millones y medio de estudiantes, por lo reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno en la aplicación de las nuevas normas.
Por último, pidió a los padres de familia establecer reglas en sus hogares para contribuir a mejorar la convivencia escolar.
“La educación viene principalmente de casa. Los docentes no podemos dedicar media hora o una hora de clase a resolver problemas que deben atenderse en el hogar. Los padres de familia deben establecer reglas y límites. Vemos alumnos de inicial y primaria con celulares de alta gama, incluso iPhone, mientras desaprueban numerosos cursos. También observamos faltas de respeto hacia los padres que luego se reproducen en nuestros colegios. Por eso, pedimos a las familias que establezcan límites firmes; así contribuiremos a mejorar la educación y formar buenos profesionales en el futuro”, manifestó.
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