• El economista del IPE, Miguel Alzamora, advirtió que la criminalidad representa cerca del 3 % del PBI anual. La Libertad, Madre de Dios y Puno concentran distritos con elevados índices de homicidios y fuerte presencia de economías ilegales.

RCR, 05 de octubre de 2026.- La crisis de inseguridad representa para el Perú un costo económico superior a los S/ 30 mil millones anuales, equivalente a cerca del 3 % del Producto Bruto Interno (PBI), y evidencia las dificultades del país para responder de manera efectiva al avance de la criminalidad, sostuvo el economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Alzamora.

“Hoy en día, el costo económico de la inseguridad, según estimaciones del Banco Interamericano, podría ascender a cerca del 3 % del PBI anual. Estamos hablando de más de S/ 30 mil millones cada año”, afirmó en la secuencia Radar Económico de la Red de Comunicación Regional (RCR).

Explicó que este impacto alcanza al Estado, que debe destinar mayores recursos para enfrentar la criminalidad; a las empresas, que incrementan sus gastos en seguridad y protección; y a los hogares, que también asumen costos asociados a la inseguridad.

La preocupación también se refleja entre los agentes económicos. Una encuesta realizada por el IPE a un grupo de economistas identificó a la inseguridad como el principal riesgo para la economía peruana en los próximos tres meses, seguida por los posibles efectos del Niño Costero 2026.

Alzamora señaló, además, que la posición del Perú en el Índice Global de Crimen Organizado 2025 evidencia un deterioro en la capacidad del país para enfrentar la criminalidad.

“Perú se encuentra dentro de los 30 peores países que luchan contra la inseguridad, de un grupo de cerca de 200”, sostuvo.

Minería ilegal avanza junto con los homicidios

El economista del IPE señaló que el crecimiento de la criminalidad durante los últimos años mantiene una relación con la expansión de las economías ilegales, particularmente con la minería ilegal.

“Ambos fenómenos han avanzado de modo paralelo durante los últimos cinco o seis años. El caso más emblemático es el de la minería ilegal, que cada vez está ganando mucho más terreno”, afirmó.

En ese contexto, indicó que La Libertad, Madre de Dios y Puno concentran algunos de los distritos con mayores tasas de homicidios del país y, al mismo tiempo, registran presencia de actividad minera informal.

Entre estos distritos mencionó a Pataz, Ananea, Inambari y Laberinto, que figuran entre los diez distritos con las tasas de homicidios más elevadas y donde también se desarrolla actividad minera informal.

Uno de los casos más críticos es el de Pataz, en La Libertad, donde la violencia asociada a las economías ilegales también alcanza a las operaciones de la minería formal.

“En Pataz, la tasa de homicidios es 48 veces el promedio nacional. Este es un tema que hay que tener en consideración, sobre todo frente al creciente avance de las economías ilegales”, sostuvo.

Alzamora agregó que, según estimaciones del IPE, al cierre de 2026 la minería ilegal bordearía los US$ 18 mil millones anuales, lo que evidencia la dimensión económica que ha adquirido esta actividad.

Regiones cuentan con recursos, pero persisten fallas de articulación

Frente al avance de la criminalidad, el economista señaló que los gobiernos regionales disponen de recursos para contribuir a las acciones de seguridad y orden interno. Sin embargo, advirtió que estos no siempre son utilizados de manera eficiente ni articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Los gobiernos regionales tienen un presupuesto en lo que respecta a orden interno. Este presupuesto se puede gestionar para compras, fortalecer el tema de equipamiento con motos y autos que puedan apoyar en todo lo que es patrullaje”, explicó.

No obstante, señaló que en varias regiones existen dificultades en la ejecución de estos recursos y que parte del equipamiento disponible no se encuentra en condiciones óptimas.

Uno de los principales problemas identificados es la limitada coordinación entre los gobiernos regionales y la PNP, situación que puede generar duplicidad de esfuerzos y reducir la efectividad de las acciones contra la delincuencia.

“Lo que vemos es que se terminan duplicando muchos de estos esfuerzos y la coordinación, sobre todo con la PNP, es limitada”, afirmó.

Según información de la PNP correspondiente a julio de 2025, Amazonas, Cajamarca y San Martín no contaban con ningún patrullero policial operativo. Asimismo, en otras diez regiones, más de la mitad de las motocicletas policiales se encontraban fuera de servicio.

A ello se suma que, al cierre de 2024, el 70,5 % de las comisarías del país presentaba pisos, techos o paredes en condiciones inadecuadas, lo que evidencia las limitaciones de infraestructura que enfrenta la Policía.

El reto de las nuevas autoridades

A pocos días de las elecciones regionales de 2026, Alzamora sostuvo que uno de los principales desafíos de las nuevas autoridades será mejorar el uso de los recursos disponibles y fortalecer la coordinación con la PNP para enfrentar la criminalidad en los territorios más afectados.

En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar el despliegue institucional y recuperar la capacidad del Estado para ejercer control territorial, especialmente en regiones como La Libertad, Puno y Madre de Dios, donde confluyen altos niveles de violencia y expansión de economías ilegales.

El desafío, concluyó, no pasa únicamente por incrementar recursos, sino por utilizarlos de manera eficiente, evitar la duplicidad de esfuerzos y fortalecer la articulación entre las autoridades regionales y las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.