RCR, 29 de septiembre 2026.- Gilmer Meza, secretario general del SUTEP – Lima Metropolitana, anunció que las bases del sindicato acordaron acatar un paro nacional el próximo 29 de octubre ante la desatención del Ejecutivo a los compromisos asumidos en la negociación colectiva.
El representante sindical explicó en Conexión Perú que la medida de fuerza responde a la exigencia de un presupuesto para el sector educativo no menor al 6 % del producto bruto interno (PBI), tal como lo establece el mandato constitucional.
Entre las principales demandas del gremio figuran la asignación de recursos para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los subsidios por luto y sepelio tanto para docentes como para auxiliares de educación nombrados y contratados.
Asimismo, Meza reclamó el cumplimiento del aumento salarial de 400 soles acordado en dos tramos, la cancelación del 30 % por preparación de clases —considerada una deuda histórica— y la reglamentación de la Ley 32581 para el incremento de pensiones.
El dirigente advirtió que, si bien el ministro de Educación prometió cumplir categóricamente con la negociación colectiva, el proyecto de presupuesto presentado no contempla los fondos necesarios para financiar estos puntos.
Sobre la viabilidad financiera, el dirigente señaló que la responsabilidad directa recae en el ministro de Economía y Finanzas, a quien acusó de falta de voluntad política al sostener que no existen recursos. El vocero del SUTEP – Lima Metropolitana afirmó que el Estado cuenta con dinero suficiente y sugirió financiar las demandas mediante los descuentos del impuesto a la renta de quinta categoría aplicados a los propios maestros, así como normando el cobro de tributos a los sectores empresariales beneficiados con exoneraciones.
En ese sentido, cuestionó que los docentes cesantes y jubilados perciban pensiones de entre 600 y 890 soles mensuales tras haber entregado hasta 40 años de servicio a la educación pública, e instó al Gobierno a reglamentar de inmediato la ley de pensiones sin derivarla al Tribunal Constitucional.
Meza remarcó que el presupuesto educativo debe reflejarse en mejoras tangibles de infraestructura, material didáctico y alimentación escolar.
