RCR, 22 de septiembre 2026.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede generar una situación de ingobernabilidad municipal y dañar la democracia si no resuelve antes de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre los casos de reelección encubierta, entre ellas la de Rafael López Aliaga.

Así lo advierte Rudecindo Vega, exministro y representante de Iniciativa Democrática, quien cuestionó que 135 alcaldes elegidos en 2022 postulen como primeros regidores en las elecciones regionales y municipales 2026.

“Hay 135 alcaldes que están yendo a reelección no como alcaldes, sino como tenientes alcaldes y le están sacando la vuelta a la norma. En realidad, es una marranada que se ha extendido a nivel nacional. Hay candidatos que han puesto en sus listas a sus amigos, sobrinos, hermanos, a sus papás, pero hay otras marranadas también. Por ejemplo, el tener cientos de candidatos sentenciados por delitos y que no deberían de ser candidatos. Y eso también el JNE pudo haberlo evitado y no lo ha hecho. El gran responsable de generar irregularidad y cuestionamiento en estas elecciones municipales es lamentablemente el JNE”, afirmó Vega en Red de Comunicación Regional (RCR).

La Constitución lo prohíbe

Vega explicó que el artículo 194 de la Constitución Política establece que los alcaldes en ejercicio no pueden postular a una reelección inmediata. Recordó que esta disposición fue incorporada mediante una reforma constitucional y sostuvo que debe prevalecer frente a normas electorales aprobadas con anterioridad.

En ese sentido, cuestionó la candidatura de Rafael López Aliaga en la lista de Renovación Popular. “Hicieron renunciar a su candidato alcalde y ahora él está encabezando la lista. O sea, eso es una reelección inconstitucional, es una reelección encubierta como candidatura. ¿Qué es lo que tiene que hacer el JNE? Aplicar la ley”, declaró.

Vega sostuvo que las normas que regulan estas postulaciones municipales fueron aprobadas antes de la reforma constitucional. Mencionó la Ley de Municipalidades del 2003 y la Ley Orgánica de Elecciones del ‘97, y afirmó que ambas deben adecuarse al mandato constitucional posterior. “La reforma constitucional es 15 años después. Entonces, lo que prima es la Constitución. La Constitución dejó de lado o tiene que adecuarse las normas anteriores y el JNE no lo está haciendo”, afirmó.

El papel del JNE

Advirtió que una eventual victoria electoral de Rafael López Aliaga no resolvería el impedimento que establece la Constitución. “¿Qué pasa si es que la gente en el hipotético caso vota por el candidato a teniente alcalde y el candidato a teniente alcalde gana? No va a poder asumir porque la ley lo prohíbe. Y el JNE no va a poder entregarle las credenciales porque la Constitución lo prohíbe, porque ya ahí no sería una reelección encubierta, sino sería una reelección tramposa y descubierta”, señaló.

Cuestionó que el JNE haya mantenido el tema pendiente durante meses. “El gran provocador de la ingobernabilidad municipal y de dañar la democracia es el candidato y su partido, sí, pero sobre todo el JNE por no resolver a tiempo y adecuadamente este problema que lo está arrastrando hace meses”, afirmó.

Aseveró que el JNE debe ejercer su función sin favorecer a ningún candidato. “Sabe Dios a qué está jugando y en favor de quién. Y eso es lo que no debemos permitir. El JNE es el que administra justicia electoral, es el que fiscaliza la legalidad electoral, es el árbitro de las elecciones, no es un jugador para beneficio de alguno de ellos, para un candidato, porque lo que va a generar es una ingobernabilidad en los próximos meses”, sostuvo.

Eventuales responsabilidades

Advirtió que si el JNE no hace este control de la constitucionalidad, “es susceptible de ser acusado como infractor a la Constitución en el Congreso de la República por infracción constitucional. Es susceptible de ser denunciado por un delito de prevaricato por no aplicar las leyes vigentes correctamente”.

“Ojalá lo resuelvan esta semana, es lo más sensato, es lo más adecuado para darle tranquilidad a la ciudadanía de Lima e ir a votar en paz y en tranquilidad y podamos tener autoridades municipales, alcaldes y regidores no cuestionados en su origen, que es lo que deberíamos exigir”, concluyó.