Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos de la entidad, participó en Cajamarca en el taller de periodistas «Retos de la Comunicación Regional: Violencia y Derechos Humanos en Contextos de Minería No Legal en el Perú».

RCR, 10 de septiembre 2026.- La minería ilegal en el Perú ha dejado de ser únicamente un problema de contaminación ambiental o informalidad para convertirse en un sistema de explotación humana y crimen organizado que amenaza con expandirse a más regiones del país. Así lo advirtió el criminólogo Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, durante su participación en Cajamarca en el taller de periodistas «Retos de la Comunicación Regional: Violencia y Derechos Humanos en Contextos de Minería No Legal en el Perú», donde presentó los hallazgos de una investigación sobre el impacto social y las dinámicas delictivas de esta actividad.

Zevallos puso el foco en la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas en las zonas de extracción, señalando que la afectación a sus derechos fundamentales constituye la verdadera base del modelo de negocio de las economías ilegales.

«La minería ilegal vulnera a la gente. Hombres que trabajan sin contratos, sin protección y expuestos a explosivos; mujeres víctimas de trata y explotación sexual; y sus hijos que los acompañan en estos territorios. No podemos seguir eludiendo esta conversación», enfatizó.

El especialista alertó que la crítica situación de zonas como Pataz (La Libertad), La Rinconada (Puno) y Atico (Arequipa) corre un alto riesgo de replicarse en regiones como Cajamarca, donde la extracción ilícita ha comenzado a mostrar un crecimiento preocupante.

En entrevista con Red de Comunicación Regional (RCR), Zevallos explicó que la minería no legal actúa en sinergia con otros delitos: «El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas son economías complementarias. Redes del narcotráfico han encontrado en la minería ilegal una oportunidad para mover y blanquear dinero, ya que es más sencillo comercializar oro que cocaína».

Remarcó que el Estado debe asumir su responsabilidad primordial en la protección de los ciudadanos y el combate directo a las estructuras criminales. Asimismo, instó a los periodistas a mantener el tema en la agenda pública e interpelar a las autoridades y candidatos sobre la procedencia de sus financiamientos y sus propuestas frente a este flagelo.

Puntos clave abordados en el taller:

Enfoque en las personas: Poner en el centro de la cobertura informativa los derechos humanos de los trabajadores y comunidades vulnerables.
Conexión entre economías ilegales: Rastrear cómo la minería ilegal se entrelaza con el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos.
Exigencia al Estado: Demandar intervenciones integrales y no limitadas a meros parches temporales o declaratorias de emergencia.