RCR, 25 de agosto de 2026.- El economista y analista político Miguel Santillana advirtió sobre un inminente conflicto institucional debido a las demandas presentadas por la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Provincial de Talara ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los decretos de urgencia que disponen la reforma de la empresa estatal Petroperú.

A estas acciones se suma la presentación de recursos de amparo por parte del sindicato de trabajadores ante la Corte Suprema para evitar los cambios propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Santillana señaló que con estas medidas se busca mantener privilegios y evitar despidos derivados de la reestructuración, advirtiendo que un fallo judicial a favor de los sindicatos generará un grave desorden, dado que el país no puede continuar subvencionando a una empresa que se encuentra quebrada.

Asimismo, Miguel Santillana alertó que la minería ilegal está financiando de forma indudable campañas políticas en el país, como evidencia que haya 753 candidatos con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) postulando a diversos gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales.

El analista advirtió que la elección de estas autoridades generará un marcado conflicto de intereses, ya que como funcionarios locales podrán explotar la actividad ilegal a su libre albedrío, y se preguntó cuál será la postura política de Keiko Fujimori frente al vencimiento definitivo del proceso del Reinfo previsto para el próximo 31 de diciembre.

Por otro lado, Santillana calificó como «acciones premeditadas» de la oposición en Parlamento»la exigencia de asistencia formulada a nueve ministros de Estado en menos de un mes, comenzando por el titular de Defensa. Explicó que esta situación constituye un juego peligroso, encabezado por la bancada de Juntos por el Perú, que busca encajonar al gabinete y que podría forzar al Gobierno a reaccionar cerrando la Cámara de Diputados.

En el ámbito electoral, Miguel Santillana denunció una gran contradicción por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al permitir la candidatura de Rafael López Aliaga en Lima, mientras que el jurado especial electoral de Piura prohibió la postulación de un ciudadano en Morropón.

Explicó que en ambos casos se utilizó la misma modalidad de renuncia del candidato a alcalde para que el primer regidor asuma dicho puesto, una maniobra a la que han recurrido un total de 66 postulantes a nivel nacional. Santillana advirtió que esta discrepancia generará tensión en el JNE, puesto que no es aceptable que se valide una posible reelección encubierta para algunos candidatos y para otros no.

Finalmente, Miguel Santillana criticó severamente la decisión del Poder Ejecutivo de retroceder ante las demandas de los transportistas, reduciéndoles las multas al diez por ciento y eliminando la pérdida de puntos en las licencias para suspender el paro nacional del día 25, lo cual calificó como una pésima señal política que sienta un mal antecedente de que la protesta garantiza beneficios frente a la autoridad.