RCR, 14 de julio de 2026.- Salvith Ojanama López, coordinadora de la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas del Marañón y Samiria (Fecifomas), informó que se ha levantado la medida de fuerza que un grupo de pobladores de la comunidad nativa de Santa Elena mantenía en las instalaciones del Lote 8, operado por la empresa Upland Oil & Gas en el distrito de Trompeteros, Loreto.
Ojanama explicó que la toma fue impulsada por un sector que exigía mayores puestos laborales. Anotó que la empresa operadora actual tiene una capacidad limitada al actuar bajo un contrato temporal como «inquilino» del lote, manteniendo un sistema de trabajo rotativo entre las distintas comunidades para beneficiar a la zona de influencia.
Ojanama advirtió sobre los graves riesgos que implican las tomas de instalaciones para la estabilidad de la región, recordando que conflictos similares provocaron anteriormente el cierre de los lotes 8 y 192. Según la coordinadora, estas paralizaciones dejan a las poblaciones «con los brazos cruzados» al detener el movimiento económico en un distrito donde la actividad petrolera genera actualmente entre 1,500 y 2,000 puestos laborales.
Asimismo, subrayó que si la empresa operadora decidiera retirarse debido a los conflictos sociales, las multas e indemnizaciones resultantes tendrían que ser asumidas por el Estado y no por las comunidades, un aspecto que considera no es comprendido por todos los hermanos indígenas.
Por su parte, Llondis Ordoñez Vásquez, presidente de la Junta Autónoma de Trompeteros – Río Corrientes, solicitó que el próximo proceso de consulta previa sea «más legible» y cuente con una participación abierta y transparente.
Ordoñez demandó que se incluya en los beneficios de los fondos sociales a las poblaciones mestizas, quienes actualmente están excluidas a pesar de ser afectados directos por el impacto ambiental, sonoro y la contaminación en el territorio.
Ojanama indicó que la operadora actual mantiene su rol de apoyo social hasta donde su capacidad económica lo permite, pese a enfrentar dificultades financieras por deudas que Petroperú mantiene con la empresa.
Ojanama y Ordoñez enfatizaron que el Estado debe tener una presencia más activa y cumplir con las actas firmadas que prometen servicios básicos como agua, luz y saneamiento para las comunidades, las cuales se sienten «no contactadas» ante el olvido gubernamental.
