RCR, 13 de julio de 2026.- La histórica pugna por el control de la billetera del Estado peruano ha dado un giro definitivo. En una reciente entrevista concedida a RPP, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa Cardich, reveló los alcances de una sentencia que promete cambiar para siempre la forma en que el Congreso de la República aprueba sus leyes: el fallo del Expediente 00018-2023-PI/TC.

Con esta decisión —que declaró inconstitucional la Ley 31232 (orientada a la reubicación de la población en la zona baja de Belén, Loreto)— el TC no solo ha resuelto un caso particular, sino que ha blindado las finanzas públicas frente a la iniciativa de gasto del Parlamento.

El fin de la «trampa» de los presupuestos futuros

Hasta hace poco, existía una zona gris en la jurisprudencia. Muchos legisladores impulsaban normas argumentando que, si bien no afectaban el presupuesto del año en curso, sus efectos financieros recién se aplicarían en los años venideros. Esa ventana de escape ha quedado clausurada.

Según explicó Ochoa Cardich, el cambio doctrinal más severo radica en que la prohibición de generar gasto ahora se extiende explícitamente a ejercicios fiscales futuros. Con esto, el TC rectifica su criterio anterior y le quita al Congreso una de sus herramientas más utilizadas para aprobar leyes de corte populista o declarativo que carecen de sustento técnico y financiero.

El magistrado fue enfático al señalar que las nuevas reglas de juego han quedado grabadas en piedra en el fundamento 118 de la sentencia. El ordenamiento queda delimitado bajo dos premisas claras:

• La regla general: La gestión del presupuesto y la iniciativa de gasto son competencias exclusivas, absolutas y excluyentes del Poder Ejecutivo.
• La excepción bajo lupa: El Congreso solo podrá proponer normas que colisionen con el gasto público de manera excepcional, impulsado únicamente por obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, para activar esta vía, los proyectos deberán superar rigurosos «candados» legales que el Ejecutivo controlará de cerca.

Este fallo reconfigura el equilibrio de poderes en el Perú, empoderando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y obligando al Legislativo a virar hacia un rol estrictamente fiscalizador y de producción de leyes de calidad, en lugar de promesas presupuestales que el erario nacional no puede sostener.