RCR, 27 de mayo del 2026.- La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en el proceso de contratación para el despliegue y repliegue de material electoral durante la primera vuelta de las elecciones generales. El informe de control, elaborado por la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos, concluye que diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habrían favorecido indebidamente a la empresa que obtuvo la buena pro del servicio logístico.
Luis Castillo Torrealba, gerente de la referida área de la Contraloría, explicó que las observaciones están relacionadas con el proceso de selección, adjudicación y ejecución contractual. “En principio el informe de control lo que busca es identificar presuntos hechos irregulares que han existido en el proceso de selección y adjudicación y ejecución contractual del despliegue y repliegue de material electoral en la primera vuelta. En ese sentido se han identificado que 10 funcionarios de parte de la ONPE habrían favorecido de manera indebida a la empresa ganadora de la buena pro. Activaron acciones que no estaban enmarcadas en las bases primigenias, buscaron beneficiar a la empresa que finalmente se adjudicó a la buena pro”, indicó Castillo en Red de Comunicación Regional (RCR).
Sospechosa modificación de requisitos técnicos
De acuerdo al vocero de la Contraloría, uno de los principales cuestionamientos del informe está referido a la modificación de requisitos técnicos vinculados a los vehículos exigidos para el servicio. Según detalló Castillo, se redujeron metrados relacionados con el chasis de las unidades para permitir la aprobación de vehículos que inicialmente no cumplían las especificaciones técnicas.
“Buscaron beneficiar a la empresa que finalmente se adjudicó a la buena pro, como por ejemplo la reducción de metrados en el chasis del vehículo con la finalidad de poder evaluar seis vehículos que no cumplían con las características técnicas y pasarlas como vehículos que sí cumplían, con lo cual la empresa ganadora logró obtener la cantidad de vehículos mínimos”, señaló.
La Contraloría también observó inconsistencias respecto a la capacidad operativa ofrecida por la empresa adjudicataria. De acuerdo con el informe, la compañía había planteado contar con 70 vehículos contratados, equivalentes al 40% de las unidades adicionales que podía disponer. Sin embargo, durante la ejecución contractual, la situación fue distinta. “La empresa ganadora de la buena pro solamente puso el 8% de vehículos propios y el 92% eran vehículos subcontratados”, afirmó Castillo, lo que para el órgano de control evidenciaría un incumplimiento de las condiciones inicialmente ofertadas.
Otro aspecto crítico identificado corresponde a la suscripción de una adenda para el repliegue de equipos electorales. La Contraloría sostiene que dicho documento no estuvo debidamente sustentado y además elevó considerablemente los costos inicialmente previstos por la ONPE.
“Se suscribió una adenda para poder hacer repliegue de algunos equipos que no fue debidamente motivada y además de esa adenda supera el costo inicial planteado por la misma ONPE que era de 0.68 centavos de sol y pasó a alrededor de 6.8 o 7.2 soles lo que involucra un incremento hasta el 900 por ciento de valor inicial. Todos estos hechos han configurado un presunto hecho irregular favoreciendo indebidamente a la empresa”, añadió sobre la polémica contratación.
Fiscalía Anticorrupción ya recibió el expediente del caso
Castillo confirmó que toda la documentación relacionada con el caso ya fue remitida a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones. “El Procurador Anticorrupción juntamente con la Fiscalía Anticorrupción ya tienen el expediente”, indicó. Explicó además que el proceso continuará en sede fiscal y posteriormente en el Poder Judicial, mientras que la ONPE deberá asumir las acciones administrativas internas contra los funcionarios implicados. “La entidad también tiene cuatro funcionarios implicados en responsabilidades administrativas disciplinarias”, precisó.
El representante de la Contraloría señaló además que, hasta la emisión del informe, varios de los funcionarios observados continuaban desempeñando labores dentro de la institución electoral.
“Hasta el día que se emitió el informe habían cuatro colaboradores que todavía seguían laborando. A estas alturas mal haría yo en decirles cuántas personas quedan porque seguramente ya la ONPE tomará algún tipo de acción y estoy convencido que la finalidad que tiene la Contraloría no es sancionar a esos funcionarios, sino más bien siempre es alertar, pero si hay que sancionar, si hay que identificar presuntos hechos irregulares también lo vamos a hacer”, manifestó.
También recordó que la Contraloría ya había emitido alertas preventivas antes de la realización de la primera vuelta electoral. “Nosotros estuvimos alertando, previniendo, porque la visión del señor contralor es hacer una contraloría preventiva”, declaró. Sin embargo, señaló que las decisiones tomadas posteriormente por la entidad electoral obligaron a la elaboración de un informe de control posterior para determinar responsabilidades. “Las decisiones de la entidad nos han llevado a que nosotros también ahora hagamos un informe de control posterior”, agregó.
Contraloría pide corregir errores antes de la segunda vuelta
El funcionario sostuvo finalmente que las deficiencias detectadas durante la primera jornada electoral deben servir como una oportunidad de mejora de cara a una eventual segunda vuelta. “Tenemos que tomar conciencia de todo lo que nos ha pasado hasta ahora”, expresó. Recordó además que los problemas logísticos registrados afectaron directamente a miles de ciudadanos, “dejando a más de mil personas esperando la apertura de sus mesas hasta las cuatro de la tarde y a más de 55 mil personas que tuvieron que regresar a las urnas al día siguiente”.
