Fuente: Diario Voces 

Tarpoto, 11 de Mayo 2026.- La Junta Nacional del Café advierte que las nuevas disposiciones tributarias y administrativas afectarían a miles de pequeños productores organizados en cooperativas, debilitando el modelo asociativo que sostiene gran parte de las agroexportaciones del país.

El cooperativismo agrario peruano encendió las alarmas frente a la entrada en vigencia del Decreto Supremo 015-2026-EF, norma que reglamenta la Ley 32434, denominada de “promoción de la agricultura moderna”, y que, según dirigentes del sector, amenaza con desarticular el modelo cooperativo que sostiene a miles de pequeños productores de café y otros cultivos de agroexportación. La protesta es encabezada por la Junta Nacional del Café (JNC), cuyos representantes exigen a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la instalación urgente de una mesa de trabajo para revisar y derogar disposiciones que consideran “represivas y excluyentes”.

El presidente de la JNC, Delky Gutiérrez, también líder de la cooperativa CENFROCAFE, sostuvo que las organizaciones agrarias llevan meses intentando abrir diálogo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin obtener respuesta. Según explicó, la principal preocupación radica en la eliminación práctica del denominado “acto de representación”, mecanismo mediante el cual las cooperativas gestionan operaciones tributarias y comerciales en nombre de sus asociados.

La reglamentación establece que beneficios tributarios como el IGV, el Impuesto a la Renta o el drawback por exportaciones deberán tramitarse de manera individual por cada agricultor, pese a que las cooperativas centralizan la compra de insumos, el acopio y las exportaciones del café. Para el sector, esta disposición genera una carga burocrática “inaplicable” para miles de pequeños productores que dependen del trabajo colectivo para competir en el mercado internacional.

A ello se suma la exigencia de presentar informes técnico-legales emitidos por el Midagri para acreditar producción y registrar bienes de capital, requisito que las cooperativas consideran inviable debido a la falta de actualización de los registros agrarios. Gutiérrez cuestionó que estas obligaciones se impongan a pequeños agricultores mientras las grandes agroindustrias no enfrentan condiciones similares, lo que calificó como una “discriminación económica y política”.

El reclamo adquiere relevancia por el peso económico y social del cooperativismo agrario. Actualmente, más de 130 mil pequeños agricultores están formalizados en 1,406 cooperativas agrarias en todo el país. Estas organizaciones cultivan más de 450 mil hectáreas y exportan a más de 80 países, siendo el café uno de los principales motores de las agroexportaciones nacionales. En promedio, cada familia asociada trabaja alrededor de 3.5 hectáreas, muchas veces en condiciones adversas y con limitado acceso a incentivos estatales.

Frente a este panorama, las cooperativas cafetaleras y organizaciones vinculadas a otros cultivos de exportación han iniciado reuniones estratégicas para defender el modelo cooperativo. El sector espera que la PCM atienda el pedido de diálogo antes del próximo cambio de gobierno y evite un escenario que consideran crítico para la agricultura familiar organizada.