RCR, 06 de mayo de 2026.– Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que la eliminación del Reinfo no resolverá el problema de la minería ilegal. Aseguró que para frenar a la minería ilegal se requiere de una estrategia integral compleja de dimensiones similares a su magnitud.
Asimismo, señaló que el Reinfo debió ser un régimen extraordinario que debió terminar tras más de dos décadas de procesos de formalización fallidos. Precisó que actualmente se debe centrar esfuerzos en implementar acciones de trazabilidad, interdicción e inteligencia, así como desarrollo alternativo y cooperación transfronteriza con mayor presencia del Estado.
“Un Estado que no solo sea capaz de enfrentar el problema planteando o llegando con servicios que se provean mejor en estas regiones, cerrando brechas de servicios, planteando opciones de desarrollo alternativo, pero también con un Estado que pueda hacer valer el imperio de la ley, que haga respetar el derecho a la propiedad”, comentó para la Red de Comunicación Regional (RCR).
Minería ilegal como principal amenaza
Gallardo advirtió que la minería ilegal es la principal amenaza para el desarrollo del país, que, al estar vinculada con organizaciones criminales, impide el avance a una actividad económica formal que genere empleo, canon y recaudación financiera que ayude a mitigar la pobreza en el Perú.
Agregó que la minería ilegal no solo deteriora el entorno para la formalización del sector, sino que impulsa el desarrollo de otras actividades ilícitas como la extorsión, trata de personas, tala ilegal y contaminación ambiental, además de perjudicar la salud de las comunidades alrededor.
“Entonces, cuando hablamos de que nos afecta de todas esas otras formas, comenzando por la inseguridad, ya nos da una idea de cómo se ve afectada el resto de la economía, desde los pequeños o las grandes operaciones económicas, como puede ser una mina, pero también de los pequeños negocios que tienen que pagar cupos. Al final, todas las actividades ilegales terminan vinculándose unas con otras”, indicó.
El especialista manifestó que la corrupción ha incrementado la desconfianza de la población en las autoridades. Mencionó que el IPE identificó que, en las regiones con mayor presencia de minería ilegal, como La Libertad, Puno y Madre de Dios, registran que solo entre el 5% y el 7% de la población confía en la Policía Nacional.
Aclaró que parte de aplicar una estrategia integral para enfrentar la minería ilegal también requiere de un mejor control en las entidades del Estado, como los ministerios, gobiernos regionales y la Policía Nacional.
