·  José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, advierte que la expansión de la actividad ilícita cuenta con la condescendencia de autoridades y el mutismo de colectivos ambientalistas que antes bloqueaban proyectos formales.

RCR, 20 de abril 2026.– La región de Cajamarca enfrenta una paradoja económica y social crítica. Mientras la cartera de proyectos mineros —valorada en aproximadamente 16,000 millones de dólares— permanece estancada, la minería ilegal gana terreno bajo un manto de impunidad y, lo que es más alarmante, ante un silencio inusual de sectores que históricamente se opusieron a la industria extractiva moderna.

Para José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, resulta evidente una «complicidad» por omisión. Medina señala que grupos y sectores sociales que años atrás lideraron protestas feroces contra la minería formal, hoy no muestran la misma beligerancia frente a la degradación causada por la minería ilegal.

«Antes había sectores que luchaban contra la minería con vehemencia; sin embargo, ahora que la minería ilegal avanza, no se están pronunciando prácticamente nada», afirmó el decano  a RCR.

Este fenómeno sugiere un cambio en la narrativa local: la fiscalización social que antes exigía los más altos estándares ambientales a las empresas transnacionales parece haberse disuelto frente a las mafias que operan sin control ni remediación ambiental.

La crítica de Medina no se detiene en la sociedad civil. También apunta a la ausencia de liderazgo político y a la condescendencia de autoridades que han relajado sus esfuerzos de fiscalización. Según el decano, existe una disminución deliberada en las acciones para promover la formalización y proteger la inversión legítima.

Esta inacción estatal ha generado un entorno de inseguridad jurídica y física. Los empresarios mineros no solo enfrentan trabas burocráticas, sino el riesgo real de que sus concesiones e inversiones sean «tomadas» por bandas criminales dedicadas a la extracción ilícita, eliminando cualquier incentivo para activar los proyectos en cartera.

Uno de los puntos más preocupantes resaltados por el economista es el cambio en la aspiración de la población local. La demora en los grandes proyectos formales ha empujado a una parte de la ciudadanía a ver en la ilegalidad una salida económica inmediata.

La falta de protección a la propiedad privada hace que los inversionistas retiren su capital, en lugar de demandar empleo formal y canon minero, algunos sectores prefieren aprovechar la actividad ilegal para beneficio propio.

Este «aprovechamiento» se convierte en un nuevo argumento para impedir que la minería responsable avance, perpetuando un ciclo de informalidad y criminalidad.

Conclusión económica

El estancamiento de los US$ 16,000 millones en Cajamarca no es solo una cuestión de precios de metales o trámites administrativos; es un problema de gobernanza. Mientras la minería ilegal siga siendo protegida por el silencio de quienes antes decían defender la tierra, la región corre el riesgo de perder su motor de desarrollo más importante a manos de economías criminales.