RCR, 17 de abril 2026.– En el marco del estado de emergencia por 60 días decretado en diversas provincias del departamento, el Gobierno Regional de Cajamarca ha puesto en marcha una estrategia de articulación de alto nivel para combatir la minería ilegal y el crimen organizado. Rocío Portal Vásquez, gerente general del Gobierno Regional, destacó que la administración liderada por el gobernador regional mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Energía y Minas y el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, con el objetivo de ejecutar acciones directas en distritos críticos de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumazá, Chota, Hualgayoc, San Ignacio y San Marcos.

La funcionaria precisó que este plan de intervención busca replicar las estrategias tácticas aplicadas exitosamente en zonas como Pataz y Trujillo, integrando no solo la interdicción, sino también un fuerte componente preventivo.

Según detalló Portal Vásquez, el compromiso establecido con el Alto Comisionado contempla el fortalecimiento de los centros de control policial y la presencia permanente del Ministerio Público en el territorio.

Sin embargo, la gerenta fue enfática al señalar que la efectividad de estas medidas depende estrictamente de la asignación de recursos económicos por parte del Gobierno Nacional, advirtiendo que, sin presupuesto logístico para la Policía y la Fiscalía, las estrategias corren el riesgo de quedar únicamente en la planificación.

Asimismo, la gerenta general identificó factores normativos que han complicado la seguridad jurídica en la región, señalando que las sucesivas ampliaciones del REINFO han facilitado la propagación de la minería ilegal y, con ella, la llegada de delitos como el sicariato.

“Cajamarca requiere de más minería formal y responsable que cumplen con los estándares sociales y tributarios, ya que es esta actividad la que permite financiar el ambicioso Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2040”, puntualizó a RCR.

Dijo que este instrumento, que prioriza el cierre de brechas en salud y educación —sectores donde la región lidera la inversión a nivel nacional—, también apunta a la seguridad territorial como condición indispensable para dinamizar las 12 cadenas productivas y alcanzar la meta de instalar 12,000 reservorios y 200 cochas al cierre de la actual gestión.