El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió disculpas públicas y anunció que los afectados no pagarán multa.

RCR, 12 de abril 2026.-  Mientras tanto, Rafael López Aliaga solicita su detención y la Fiscalía inicia diligencias contra la empresa encargada del reparto.

​Lo que debió ser una jornada democrática ejemplar terminó en frustración para miles de limeños. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó que un total de 63,300 electores se vieron impedidos de sufragar debido a que el material electoral nunca llegó a sus centros de votación.

El incidente afectó a 211 mesas de sufragio distribuidas en 15 locales de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.

Durante una accidentada conferencia de prensa, Corvetto atribuyó la responsabilidad del retraso a la empresa Galaga SAC, encargada del despliegue del material, y ofreció disculpas institucionales a la ciudadanía.

«Para aquellos electores y miembros de mesa afectados, iniciaremos actos administrativos para que no paguen ninguna multa, ya que la responsabilidad de esta afectación es nuestra», aseguró el funcionario, tras precisar que, a pesar de este incidente, se logró instalar el 99.8% de las mesas a nivel nacional.

La crisis logística escaló rápidamente al plano judicial. La Fiscalía y la Policía Anticorrupción realizaron diligencias de urgencia tanto en la sede de la ONPE como en las oficinas de la empresa Galaga SAC para investigar posibles irregularidades en la contratación y el incumplimiento del servicio.

No obstante, las autoridades reportaron que la sede de la empresa se encontraba cerrada al momento de la intervención.

En el ámbito político, las reacciones no se hicieron esperar. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció penalmente a Corvetto y solicitó públicamente su detención.

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, puso sobre la mesa la propuesta de realizar «elecciones complementarias» y extender la votación hasta el lunes 13 de abril, argumentando que el derecho al voto de miles de peruanos ha sido vulnerado.

Este escenario de mesas no instaladas y demoras generalizadas —que obligaron a la ONPE a extender el horario de votación hasta las 18:00 horas— ha generado un clima de desconfianza.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre una posible renuncia, Piero Corvetto evitó dar una respuesta directa, limitándose a señalar que se someterá a todas las investigaciones correspondientes.

Mientras el conteo oficial avanza con lentitud, la sombra de la nulidad y las quejas por un presunto proceso viciado marcan el cierre de estas elecciones, dejando en manos de los organismos electorales la tarea de devolver la legitimidad a los resultados finales.