RCR, 30 de marzo de 2026.- La candidata al Senado por Somos Perú, Giovanna Castagnino, planteó la emisión de un bono estatal de hasta 8,000 dólares para saldar la deuda que el Estado mantiene con más de 700 mil trabajadores del sector público con sentencia firme, una medida que, según afirmó, permitiría dinamizar la economía y generar más de 3 millones de puestos de trabajo vinculados al sector vivienda e inmobiliario.
“El Estado tiene una deuda histórica que cada año sigue creciendo. Son más de 700,000 empleados a nivel nacional que han ganado y tienen sentencia firme, y el Estado les debe pagar. El promedio es de 30,000 a 35,000 soles”, expresó la arquitecta Castagnino en el programa “Hora de Cambio”, de la Red de Comunicación Regional (RCR).
Refirió que hay casos de trabajadores que llevan más de una década esperando el cumplimiento de estos pagos.
Su propuesta plantea que el Estado emita un bono equivalente a 8,000 dólares, que sería entregado de manera inmediata al beneficiario para ser utilizado como cuota inicial de una vivienda social o para financiar estudios superiores. Según Castagnino, esta medida activaría sectores como el inmobiliario, el financiero y la industria de la construcción.
Impacto económico y generación de empleo
“Estamos hablando de más de 3 millones de puestos de trabajo que se activarían para cerrar la brecha de infraestructura en viviendas sociales a nivel nacional. Además, se dinamiza la parte financiera porque esta es la cuota inicial y la gente accederá al saldo a través de una hipoteca. Lo tercero es el alto impacto en la industria: fierro, cemento y ladrillo”, afirmó.
En ese sentido, la candidata sostuvo que la implementación de esta propuesta requerirá coordinación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el desarrollo de un marco normativo que garantice su viabilidad en el corto plazo.
Hará coordinación con el MEF
“Yo, desde el Senado Nacional con el número 12, voy a proponer inmediatamente que el MEF empiece a evaluar la iniciativa y se generen, de acuerdo a la normativa y los nuevos reglamentos, todos los pasos necesarios para que esto sea una realidad”, señaló.
Asimismo, advirtió que el mayor número de beneficiarios se concentra en entidades del propio Estado, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de una solución. “El Poder Judicial encabeza la lista con mayor número de beneficiarios con sentencias firmes. Luego viene EsSalud y otras entidades. Estamos hablando de más de 700,000 personas, casi el 50% del sector público. Es un tema que requiere atención inmediata”, indicó, al remarcar que miles de trabajadores enfrentan una larga espera sin fecha de pago definida.
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