RCR, 30 de marzo 2026.- El predictamen del Congreso de la República que propone reducir a 15 años el plazo de las concesiones mineras puede afectar seriamente la inversión formal en el Perú y la seguridad jurídica, al no considerar los largos tiempos que demanda el desarrollo de los proyectos en el sector, advirtió María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).
“Este predictamen parece no conocer específicamente cuál es el ciclo de inversión minera. Lamentablemente, 15 años es muy poco para que una concesión minera cumpla con sus obligaciones de producción”, expresó Ormeño a la secuencia Radar Económico, de Red de Comunicación Regional (RCR).
Explicó que la maduración de los proyectos mineros requiere procesos extensos y altamente inciertos antes de iniciar operaciones. Según un estudio del IPE, un proyecto minero en el Perú tarda, en promedio, 40 años desde la exploración hasta su puesta en marcha, tiempo que se extiende a 60 años en el caso del cobre.
Ormeño precisó que operaciones emblemáticas como Cerro Verde, Antamina y Quellaveco superaron ampliamente dichos plazos. En ese sentido, advirtió que “este cambio (en el predictamen) afecta directamente a la inversión formal en minería por varias razones. Primero, porque no toma en cuenta cuánto demora realmente un proyecto en desarrollarse en el Perú. No ataca los verdaderos cuellos de botella que limitan la competitividad y tampoco considera que se necesitan reglas estables, lo cual va de la mano con la estabilidad jurídica”.
Consideró que la seguridad jurídica es un factor determinante para los inversionistas. Su debilitamiento tendría un efecto directo en la exploración futura, cuando lo que el país requiere es mejorar la competitividad para atraer más capital.
Solo uno de cada mil proyectos llega a ser mina
Ormeño subrayó que la minería es una actividad de alto riesgo, donde el éxito técnico y comercial es la excepción y no la regla. Según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), de cada mil prospectos mineros, solo cien avanzan en sus estudios, diez se convierten en yacimientos y apenas uno llega a operar como mina.
“Por ello, la ausencia de producción no implica que haya una ausencia de actividad o de inversión; al contrario, el ciclo requiere un esfuerzo constante antes de dar frutos”, dijo.
Minería ilegal: denuncias se duplican en cinco años
Advirtió que la minería ilegal ha ganado terreno rápidamente. Según cifras recientes, las denuncias por esta actividad ilícita se multiplicaron en los últimos cinco años, pasando de 1,200 a más de 2,600 a nivel nacional.
“Actualmente, grandes proyectos como Michiquillay, Conga, Los Chancas y Haquira, que en conjunto representan una inversión de 12,000 millones de dólares, ya enfrentan riesgos de paralización o demoras debido a conflictos vinculados a la minería ilegal en sus áreas concesionadas”, detalló.
Para la jefa de Políticas Públicas del IPE, la minería ilegal no es una amenaza hipotética, sino un factor crítico ya instalado en el sector. “Este no es un riesgo a futuro; es un problema encostrado en la minería formal. En ese escenario, una disminución del plazo concesionado solo agravaría la vulnerabilidad de las inversiones”, aseveró.
