RCR, 25 de marzo de 2026.- La creciente ola de violencia vinculada a la minería ilegal ha vuelto a sacudir la región de Cajamarca. Víctor Cusquisibán, director regional de Energía y Minas, advirtió sobre el alarmante deterioro del orden social tras el reciente asesinato de un presunto minero ilegal en la zona de Tandayoc, distrito de Sorochuco, provincia de Celendín.

Según reportes de la prensa local la víctima ha sido identificada como Daniel Zelada, un hombre dedicado a la minería informal. El hecho ha causado conmoción no solo por la brutalidad del acto, sino por quienes lo perpetraron: su propio séquito de seguridad.

Los guardaespaldas de Zelada habrían sido los responsables de su muerte, presuntamente motivados por el robo de una suma que asciende a un millón de soles. Este suceso refleja el grado de descomposición criminal que acompaña a las actividades extractivas al margen de la ley.

El «Efecto Pataz» llega a Cajamarca

Cusquisibán señaló que lo ocurrido en Tandayoc no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática que ya se ha visto en zonas como Pataz, en la sierra de La Libertad. El funcionario advirtió sobre una migración de mineros ilegales hacia Cajabamba y Tandayoc, trayendo consigo figuras delictivas de alta peligrosidad.

«Son hechos aislados, pero ya es una mala señal de lo que está sucediendo. Necesitamos la intervención de todas las entidades», manifestó el director regional en entrevista con RCR.

Ante este escenario, Cusquisibán hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes que, según sus palabras, se mantienen como «espectadores» ante el avance del crimen organizado.

En ese sentido solicitó la participación de la Policía Nacional y el Ministerio Público y no descartó la necesidad de iniciar operativos de interdicción en las zonas afectadas para frenar la expansión de la minería ilegal.

Igualmente instó a las autoridades a «sacarse la venda de los ojos» y trabajar de manera articulada antes de que la violencia se desborde a niveles incontrolables.

La situación en Sorochuco pone en evidencia que la minería ilegal no solo afecta el medio ambiente, sino que arrastra consigo una estructura criminal que pone en riesgo la seguridad de toda la región.