RCR, 13 de Febrero 2026.- El candidato al Senado por el Partido Libertad Popular, Raúl Canelo, señaló que la modificación de la definición de crimen organizado beneficia a 90 congresistas con procesos abiertos y a sectores de la minería ilegal.

Canelo explicó que estas normas, denominadas leyes pro-crimen, también favorecen a la delincuencia común al dificultar los allanamientos y limitar las detenciones a casos de flagrancia. Además, alertó que la reducción de atribuciones de la fiscalía y la ley de prescripción de delitos han contribuido a un aumento de homicidios en el último año.

El candidato al Senado también explicó que las modificaciones a la ley de crimen organizado también blindan al presidente José Jerí al excluir el cohecho de la definición de organización criminal. Canelo indicó que los cambios en la prognosis de las penas y los nuevos requisitos de «cadena de valor» para configurar el delito permiten que actos de patrocinio ilegal o cohecho queden fuera del alcance de dicha normativa.

El abogado planteó elevar las sanciones por delitos de corrupción y aplicar la muerte civil para impedir que ciudadanos con condenas postulen a cargos públicos. Explicó que las leyes actuales son benignas con los corruptos y sostiene que los partidos políticos no deben incluir en sus listas electorales a personas que figuren en el registro de condenados.

En otro tema, Raúl Canelo manifestó que la rescisión unilateral de contratos con el gobierno francés para la nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa afecta la credibilidad del sistema jurídico nacional. Manifestó que la irresponsabilidad estatal ante indemnizaciones millonarias en arbitrajes internacionales por proyectos como Chinchero y Rutas de Lima.

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