RCR, 05 de febrero 2026.-Marco Tulio Gutiérrez, experto en temas electorales y presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal, precisó que uno de los principales problemas es el desconocimiento de la ciudadanía sobre las normas electorales, en especial sobre el financiamiento público de la publicidad política. Agregó que el dinero de la franja electoral no es entregado directamente a los partidos políticos, sino que el Estado contrata de manera directa los espacios en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.
“La finalidad de este mecanismo es garantizar equidad en la difusión de propuestas, permitiendo que todas las organizaciones políticas, grandes o pequeñas, tengan acceso a espacios publicitarios. Para ello, es necesario establecer un piso mínimo igualitario para todos los partidos, mientras que una parte del presupuesto se distribuye en función de la representación parlamentaria obtenida en elecciones anteriores”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que el monto total destinado a la franja electoral asciende a 80 millones de soles, y de este fondo, una parte se asigna de manera equitativa a plataformas digitales y redes sociales, con un promedio aproximado de 230 mil soles por organización política para definir dónde colocar su propaganda digital, de acuerdo con el público al que desean llegar.
“El resto del presupuesto se distribuye entre medios tradicionales, como la televisión, donde el 50 % se reparte de manera igualitaria y el otro 50 % se asigna según la representación congresal. Por lo que, partidos que en el pasado obtuvieron mayor número de congresistas acceden a una mayor proporción del fondo, lo cual responde a criterios legales establecidos”, expresó.
Gutiérrez sostuvo que, con el escándalo mediático por la asignación de parte de la franja electoral a un canal de televisión vinculado a un dirigente partidario, no se trataría de un hecho ilícito, sino de un cuestionamiento de carácter moral. “Entonces, la controversia responde más a conflictos internos dentro de la organización política involucrada que a una irregularidad legal en la distribución de los recursos”, señaló.
Subrayó que son los propios medios de comunicación los que fijan sus tarifas publicitarias de acuerdo con horarios y alcance, y que la contratación se realiza conforme a esos tarifarios. Por ello, manifestó que la concentración de anuncios en determinados medios puede responder a criterios comerciales y de estrategia política, más que a un direccionamiento indebido.
“Estamos preocupados por el alto nivel de desinformación de la ciudadanía respecto al proceso de votación, especialmente por la complejidad de la cédula electoral, que será extensa debido al elevado número de organizaciones políticas participantes, porque esta situación podría incrementar el número de votos en blanco y viciados, que históricamente supera el 30% del electorado”, anotó.
Remarcó que, según encuestas recientes, dos candidaturas concentran la mayor intención de voto, lo que podría llevar a una segunda vuelta electoral. No obstante, puntualizó que la campaña aún no entra en su fase decisiva y que la falta de propuestas claras mantiene a un sector importante del electorado en la indecisión.
