- La provincia de Hualgayoc, en Cajamarca, se ha convertido en el epicentro de una crisis multidimensional. Lo que comenzó como una actividad extractiva irregular ha evolucionado hacia un complejo engranaje de contaminación hídrica, lavado de activos y captura del poder político, según advierte el economista Oscar Mendoza.
RCR, 30 de enero de 2026.- El panorama ambiental en la provincia de Hualgayoc es crítico. Oscar Mendoza, past decano del Colegio de Economistas de Cajamarca y docente universitario, denunció que la minería ilegal en la zona utiliza químicos altamente tóxicos para el refinamiento de minerales en su primera etapa. Estos residuos, conocidos como relaves, son arrojados sin ningún tratamiento a las quebradas, terminando inevitablemente en los caudales de los ríos locales.
Mendoza puso énfasis en un aspecto poco discutido: el impacto generacional. La mano de obra de estas operaciones ilegales está compuesta mayoritariamente por jóvenes. Según el especialista, los dueños de estas minas se aprovechan de la resistencia física de la juventud para exponerlos a gases y químicos en los socavones sin protección alguna.
«En el corto plazo no sienten el impacto, pero estamos hablando de una reducción drástica de la esperanza de vida. Son enfermedades ocupacionales que aparecerán a largo plazo y que hoy son difíciles de medir», aseveró Mendoza, en entrevista con RCR, calificando la situación como un atentado silencioso contra la salud pública.
Lavado de activos y economía criminal
La minería ilegal no solo destruye el ecosistema, sino que distorsiona la economía regional. El economista señaló que el lavado de activos es la herramienta clave para blanquear el dinero sucio. En Cajamarca, este fenómeno se evidencia en sectores como el de hidrocarburos y hotelería.
«Muchos grifos tienen precios más baratos que en la Costa para atraer flujo de caja rápido. Existen hoteles que sacan préstamos y los cancelan en menos de seis meses; son mecanismos claros para lavar el circuito del dinero de la minería ilegal», anotó. Este crecimiento económico ficticio viene acompañado de un aumento en el sicariato y el crimen organizado, necesarios para «proteger» las zonas de extracción.
Infiltración en las urnas y el Congreso
Finalmente, Mendoza alertó sobre la peligrosidad del financiamiento ilícito en la política peruana, un proceso que, según afirma, se consolidó desde la campaña electoral de 2021. El especialista sostiene que existen congresistas con vínculos directos no solo con la minería ilegal, sino también con el narcotráfico.
«El propio Congreso ha saboteado la reforma política para evitar el control de estas economías», subrayó. Con la actual dispersión de partidos, Mendoza advierte que el incentivo para recibir presupuestos ilegales es mayor, permitiendo que candidatos con oscuros intereses logren figurar en la escena pública y terminen defendiendo leyes que favorecen a la criminalidad organizada en lugar de a la ciudadanía.
