RCR, 23 de Enero 2026.- Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que la designación sucesiva de gerentes generales desde el 2021 y el deterioro en principales indicadores financieros por encima de otras empresas petroleras estatales de la región, son muestra de las persistentes debilidades institucionales, operativas y financieras de Petroperú. Agregó que, en los últimos 12 años, la empresa perdió 25 mil millones de soles y que la nueva refinería de Talara costó más de 7 mil millones de dólares, por lo que propuso una participación público – privada para rescatar a la petrolera.
“A fines del año pasado el Gobierno emitió un decreto de urgencia con el objetivo de iniciar un proceso de reestructuración de PetroPerú, pero uno de los principales problemas identificados es el deterioro institucional, que se ha visto reflejado en la alta rotación de autoridades, porque en apenas cinco años, la empresa ha tenido cerca de 11 gerentes generales, lo que ha afectado seriamente la continuidad y eficiencia de su gestión”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que PetroPerú habría registrado pérdidas por aproximadamente 25 mil millones de soles en los últimos 12 años, cifra que corresponde en gran parte a salvatajes e inyecciones de liquidez por parte del Estado. Mencionó que estos recursos podrían haber sido destinados a la construcción de colegios de alto rendimiento o a hospitales, lo que pone en evidencia el alto costo fiscal de mantener a la empresa operativa.
“PetroPerú ha costado alrededor de 25 mil millones de soles en los últimos 12 años, y cuando uno se pone a revisar encuentra que esto podría haber equivalido en poder construir colegios de alto rendimiento o incluso algunos hospitales. Pero lo cierto es que los componentes relacionados a su gestión, al entorno del precio del petróleo, a su participación dentro del mercado, demuestra un estado de pérdidas”, expresó.
Sostuvo que solo en los años 2024 y 2025, PetroPerú habría acumulado pérdidas cercanas a los 800 millones de dólares, como resultado de problemas de gestión, condiciones del mercado petrolero y una menor participación en el mercado de combustibles. “A ello se suma el impacto de la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo final superó los 7 mil millones de dólares debido a constantes sobrecostos y actualizaciones presupuestales”, afirmó.
Alzamora indicó que otro factor clave en la crisis es el deterioro de la calificación crediticia de PetroPerú, lo que le impide acceder a financiamiento en los mercados internacionales, y que además obliga a la empresa a recurrir nuevamente al Tesoro Público, generando un círculo vicioso de endeudamiento y dependencia del Estado. Paralelamente, su participación en el mercado de combustibles se ha reducido drásticamente, pasando de cubrir cerca de la mitad de la demanda en 2019 a apenas una cuarta parte hacia fines de 2025.
“En los últimos 5 a 6 años ha habido un cambio muy marcado porque cuando uno se pone a evaluar qué ocurría en el 2019, encuentra que PetroPerú representaba casi la mitad de lo que se proveía dentro del país, y a fines del 2025, apenas representa la cuarta parte de la demanda de combustibles, toda esta participación de mercado que ha ido perdiendo os ha sido reemplazada por otras empresas que han tomado parte del mercado o incluso por parte de las importaciones”, enfatizó.
Asimismo, advirtió sobre el elevado costo de las planillas y las bonificaciones al personal, incluso en un contexto de pérdidas sostenidas. “Este componente calificado como significativo dentro de los estados financieros, resulta contradictorio frente a la situación de insolvencia de la empresa y a la necesidad recurrente de rescates financieros por parte del Estado”, anotó.
Remarcó que una posible salida para PetroPerú es avanzar hacia un modelo de reestructuración integral que incluya la participación del sector privado, sin que ello implique necesariamente una privatización, experiencias en otros países de la región muestran que la incorporación de capitales privados puede mejorar la gestión y la solvencia de empresas estatales.
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