RCR, 15 de enero 2026.- El excongresista y columnista del diario Perú 21, Richard Arce, señaló que el encuentro secreto entre el presidente José Jerí y un empresario chino en un chifa ameritaría una moción de vacancia, comparando el hecho con las reuniones en Sarratea del expresidente Pedro Castillo. Agregó que el uso de camuflaje y la clandestinidad para reunirse con personas con poder de decisión sobre licitaciones públicas sugiere el favorecimiento de beneficios económicos a cambio de presuntas coimas.

“El presidente como máximo funcionario del Estado está obligado a guardar las formas, la transparencia y la rendición de cuentas, toda reunión debe ser de conocimiento público y realizarse en el marco institucional correspondiente como Palacio de Gobierno, especialmente cuando se trata de encuentros con empresarios que mantienen intereses económicos con el Estado”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Precisó que la situación se agrava al conocerse que el empresario con quien se reunió el mandatario estaría vinculado a licitaciones y proyectos de inversión pública, incluyendo una concesión para una hidroeléctrica en Apurímac que no habría cumplido con los compromisos asumidos. En ese contexto, enfatizó que este tipo de reuniones generan sospechas razonables sobre posibles gestiones de intereses y eventuales favorecimientos.

“En casos anteriores, como el del expresidente Pedro Castillo y las reuniones en Breña, el Congreso actuó con celeridad presentando una moción de vacancia. Entonces, existiría un doble rasero en la evaluación política del actual mandatario, al minimizarse el hecho bajo el argumento de que se trató de una salida privada para comer”, expresó.

Arce enfatizó que el presidente tiene la obligación legal de publicar toda su agenda oficial, incluso cuando se trate de actividades fuera de Palacio. “Si no fuera por la denuncia periodística, el país no se habría enterado, incluso la explicación brindada por el Ejecutivo pretendería subestimar la inteligencia de la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, remarcó que, debido a los antecedentes y a la gravedad del caso, correspondería que el Congreso evalúe una posible vacancia presidencial. “Más allá del tiempo restante de gobierno, está en juego la dignidad institucional del país y la necesidad de garantizar que el poder no sea utilizado para favorecer intereses particulares”, subrayó.