RCR, 22 de diciembre 2025.- Tras el anuncio del presidente José Jerí sobre la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, indicó que una reforma de carácter administrativo no guarda relación directa con la lucha contra el crimen organizado ni con la seguridad en los penales, por lo que consideró, que cambiar el nombre o la estructura institucional no resolverá la corrupción ni la delincuencia que se gestiona desde las cárceles.
“Las fallas estructurales del sistema penitenciario están vinculadas principalmente a la seguridad interna, como el ingreso constante de celulares y otros objetos prohibidos, pero este fenómeno no es exclusivo del Perú, pero que no se soluciona con normas administrativas, sino con mayor inversión, personal suficiente, formación especializada y tecnología adecuada”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que mientras no se adopten medidas concretas contra la corrupción y los mecanismos que permiten las extorsiones desde los penales, cualquier reforma será insuficiente. “El Gobierno estaría apuntando en la dirección equivocada al asociar una reorganización administrativa del INPE con una supuesta mejora en la lucha contra el crimen organizado”, expresó.
Tras la ampliación del estado de emergencia en Lima y el Callao, Pedraza consideró que se trata más de una respuesta política que de una solución efectiva, ya que estas medidas, aplicadas desde gobiernos anteriores, no han logrado reducir de manera significativa la victimización ni los asesinatos vinculados a la extorsión y el sicariato, pese a la mayor presencia policial y militar en las calles.
“Las recientes cifras recientes de homicidios evidencian la gravedad del problema, con decenas de asesinatos registrados en los últimos meses, entonces estos datos confirman que el crimen organizado sigue avanzando, especialmente en sectores como el transporte público, y que, sin acciones de inteligencia, recursos suficientes y operativos sostenidos, la situación podría empeorar”, anotó.
Asimismo, alertó sobre la alta cifra negra de las extorsiones, ya que muchas víctimas no denuncian por temor y optan por pagar a los delincuentes. “Esta realidad dificulta conocer la verdadera magnitud del problema y podría explicar eventuales descensos en los asesinatos, sin que ello signifique una reducción real del delito”, enfatizó.
Remarcó que la reciente renovación de cuadros es un proceso inevitable, aunque reconoce que puede estar influido por factores técnicos y políticos, por lo que, defendió la necesidad de equilibrar los criterios de evaluación entre oficiales administrativos y operativos, y consideró positivo reconocer el trabajo de quienes están en la calle, ya que su experiencia y esfuerzo también deben ser valorados dentro de la institución.
