RCR, 21 de noviembre de 2025.- En el caserío Higuerón, ubicado en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, en la zona altoandina de Piura, un grupo de familias denuncia la suspensión repentina del Bono de Arrendamiento de Emergencia, beneficio otorgado por el Estado tras los daños causados por las intensas lluvias registradas en la región.

Rosmery Montero Orosco, pobladora del caserío Higuerón en el distrito de Paimas de Ayabaca, expresó su queja por la suspensión en la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, ya que la presencia de lluvias llegó a afectar a más de 15 mil familias de la zona. Agregó que solo un ingeniero llegó al lugar y comunicó que les habían quitado el bono debido a que estaban viviendo en sus casas en vez de alquiler un inmueble.

“Luego de inscribirnos en la municipalidad de Paimas como damnificados por las lluvias, comenzamos a recibir el bono en mayo del año pasado, y El Estado había comunicado que el apoyo económico se entregaría durante dos años, sin embargo, solo se abonaron cinco mensualidades antes de ser suspendido en octubre”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Indicó que un ingeniero fue enviado para verificar las condiciones de las viviendas y concluyó que los beneficiarios continuaban viviendo en sus casas dañadas, situación que —contradecía los requisitos del bono, destinado a cubrir alquileres temporales. “La mayoría de familias no tiene la posibilidad económica de costear un arrendamiento externo ni un lugar alternativo donde vivir, por lo que es injusto que se nos retire el beneficio”, señaló.

Montero recordó que el monto mensual del bono era de 500 soles, de los cuales 200 debían destinarse obligatoriamente al pago de alquiler, y los restantes 300 soles, debían ahorrarse para reconstruir las viviendas después de dos años.

“Entonces, quién puede hacer una casa con seis mil o siete mil soles, porque son varias las familias que viven en condiciones de extrema precariedad, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad cuya única esperanza era el apoyo estatal”, afirmó.

Sostuvo que, al acudir a la municipalidad en octubre para conocer la situación del bono, fue informada de que ya no había nada que hacer, pues la suspensión provenía directamente del Estado. “Pese a los reclamos, no han recibido una explicación clara más allá de la presunta irregularidad de que los afectados continuaran viviendo en sus propias viviendas dañadas”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado directo al presidente de la República para que revise la situación y disponga la restitución del bono a las familias afectadas. “Buscaremos trasladar el caso a las autoridades correspondientes para que se evalúe una solución. Mientras tanto, las familias continúan a la espera de una respuesta que alivie su situación de vulnerabilidad”, puntualizó.