RCR, 15 de noviembre de 2025.- Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sostuvo que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) prolonga la ilegalidad en el país y afecta a todos los peruanos. Advirtió que prorrogar ese mecanismo quebraría la seguridad jurídica en el Perú.
“La ampliación del Reinfo no hace, sino, prolongar la ilegalidad de nuestro país y nos afecta a todos los peruanos. Entonces, necesitamos tomar con mucha seriedad esta revisión y nuevamente invoco a los señores congresistas para que antepongan los intereses del país a los intereses propios”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que, en un contexto preelectoral, el riesgo de ampliar el Reinfo implica que el Perú pierda competitividad ante el mundo. “Y que nuestro territorio se siga perjudicando y dañando ambientalmente y sobre todo que las personas que trabajan para los mineros que están en el Reinfo y los ilegales, tengan condiciones inseguras en sus labores de trabajo”, indicó.
Ampliación del Reinfo constituye en un freno para las inversiones
Señaló además que la ampliación del Reinfo es un freno para las inversiones. “Nadie va a invertir en un país en donde tenemos concesiones mineras que podrían ser sujeto de invasión por parte de mineros que con un Reinfo podrían instalarse en una concesión propia sin control del Estado y sin el apoyo policial correspondiente”, afirmó.
Sostuvo que no debería permitirse un Reinfo en la concesión de un tercero, en Machu Picchu o en el océano Pacífico. “Ese cruce de información es el que se tiene que continuar haciendo para continuar excluyendo del Reinfo aquellos mineros que están con información que no es correcta o que no están cumpliendo con los requisitos”, remarcó.
Declaró que los congresistas, en lugar de estar pensando en volver a incluir a 50 mil mineros ilegales que fueron excluidos, deberían estar viendo cuáles son los mecanismos más rápidos para excluir a más. “Necesitamos ponernos firmes, no permitir que se reingresen los cincuenta mil y pico reinfos que fueron retirados del registro y debe dejarse de usar el Reinfo como un escudo y una protección contra la ley”, indicó.
Reinfo y quiebre la seguridad jurídica del país
Sostuvo que la ampliación del Reinfo quiebra la seguridad jurídica del país al oponerse a una sentencia del Tribunal Constitucional. “El Tribunal Constitucional ha reconocido la necesidad de tener un marco normativo donde no se exoneren las responsabilidades penales por delitos ambientales ni responsabilidades civiles o administrativas durante el proceso de formalización minera”, afirmó.
Agregó que la Comunidad Andina (CAN), en su dictamen 007-2025, determinó que el Perú ya incumplió la política andina de lucha contra la minería ilegal. “Y tomando en cuenta la última extensión del Reinfo, no la que se está discutiendo ahora, exigió al país abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen la formalización de la minería en pequeña escala artesanal o tradicional, a fin de garantizar la prevención y control de la minería ilegal”, expresó.
“Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación ante la ampliación del Reinfo, afirmando que contribuye con la continuidad de la informalidad y no de la formalización efectiva de la minería artesanal y pequeña minería. Se refirió también la Defensoría del Pueblo a la débil institucionalidad y capacidad de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, y las Gerencias Regionales de Energía y Minas, que operan en condiciones precarias, lo que al final permite que la minería ilegal continúe extendiéndose”, dijo.
Manifestó que, si el Congreso aprueba una nueva prórroga del Reinfo, consolidaría al Perú como un país que premia al informal o al ilegal. “Debe incorporar mínimas condiciones para que solo quienes aún se encuentran inmersos en el proceso, que son 31.553, puedan continuar en carrera en la formalización, de modo que la extensión del plazo no reproduzca los errores de las anteriores ampliaciones y se cumplan con la sentencia del Tribunal Constitucional y también con el mandato de la CAN y de la Defensoría del Pueblo”, afirmó.
Ver entrevista…
