- El especialista César Ipenza acusa al Ejecutivo y al Congreso de fraguar una «alianza» para aprobar normativas que buscan otorgar impunidad penal y ambiental a 50 mil mineros ilegales, debilitando la fiscalización y la opinión de entidades clave como el ANA y el Sernanp mediante un polémico decreto supremo.
RCR, 06 de octubre de 2025.- César Ipenza, integrante del Observatorio de Minería Ilegal y experto en temas medioambientales, advirtió que el Ejecutivo está dando muestras de aliarse con el Congreso para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a favor de la minería ilegal. Precisó que, por el momento, el Ministerio de Energía y Minas quiere aprobar un decreto supremo para otorgar impunidad a la minería ilegal en materia de contaminación ambiental.
“Lo vemos también desde el Ejecutivo. No podemos dejar de olvidar que el mismo premier señaló al inicio de su gestión que los mineros informales necesitan más tiempo. Y esto obviamente se alinea, y no podemos dejar de señalar que finalmente el gobierno que tenemos actualmente es del Congreso también”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que el Ministerio de Energía y Minas quiere aprobar un decreto supremo para otorgar impunidad a la minería ilegal en materia de contaminación ambiental. “Pretende prescindir de las opiniones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre que son fundamentales para la aprobación de los instrumentos ambientales”, expresó.
Señaló que toca estar atentos a esas posiciones y ver cómo actúan los funcionarios que acaban de volver y que salieron anteriormente del Ministerio de Energía y Minas. “Entonces eso nos debe llevar la atención para ver qué posiciones va a tomar y si vamos a seguir viendo una posición complaciente y aliada del Ejecutivo con el Congreso de la República”, indicó.
Enfatizó que en el Congreso también busca la impunidad para la minería ilegal. “Ahora ya no solamente quieren más plazo, el congresista Pasión Dávila casi pide hasta el 2030 y después de manera permanente que exista el Reinfo. Han usado la excusa de contar con una nueva ley MAPE, pero que en la práctica lo único que buscan es seguir operando en la impunidad”, afirmó.
Recordó que un minero que está inscrito en el Reinfo no es susceptible de sanción penal por destruir bosques, contaminar aguas y afectar derechos fundamentales. Agregó que el Congreso pretende que 50 mil mineros ilegales, que no han cumplido con las condiciones mínimas para operar, regresen al proceso de formalización.
“El proceso de formalización no empezó ayer. Ya llevamos 23 años de existencia y los mineros tuvieron que haberlo cumplido hace 23 años. Y recordemos que el compromiso del Ejecutivo y del Congreso fue que esta iba a ser la última vez. Por tanto, si quisieran ampliar, creo que deberían considerar la eliminación de la extensión de la responsabilidad penal. Es decir, que los mineros inscritos en el Reinfo cumplan todas sus obligaciones”, subrayó.
