· La falta de agua afecta a la producción y a millones de personas, con zonas como Tambogrande en situación crítica. Proinversión propone compatibilizar minería y agricultura para resolver el problema hídrico, priorizando la aceptación social y el desarrollo sostenible, citando a regiones del sur como ejemplo de convivencia económica.
RCR, 28 de octubre 2025.- Es necesario desarrollar proyectos de infraestructura hídrica en Piura, para solucionar el problema de falta de agua en la región e impulsar la producción agrícola en zonas postergadas y con enormes brechas sociales como la margen izquierda del distrito de Tambogrande, coincidieron en señalar la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Instituto Peruano de Economía (IPE).
En ese sentido, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Natal del Carpio Castro, destacó que el proyecto hídrico minero El Algarrobo es “modélico” al priorizar la solución al problema del agua y la agricultura en Piura. “El Algarrobo es un modelo que estamos utilizando en distintos sectores donde primero hay que resolver el problema que la población percibe como prioritario, que en Piura es el agua y la agricultura”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que el objetivo es compatibilizar minería y agricultura, entendiendo que ambas actividades son parte del potencial económico del país. Mencionó que, a diferencia de enfoques anteriores, ahora se escucha y prioriza la percepción social tras la desinformación construida durante muchos años.
“Primero arreglaremos el problema del agua, validamos la aceptación social de la población y pasamos al siguiente nivel. Y lo hacemos con mucha paciencia porque durante mucho tiempo se ha construido un mensaje de desinformación. Pero ahora que hay mucha información, la gente confía en este tipo de iniciativas”, indicó.
Del Carpio recordó que regiones del sur como Tacna, Moquegua y Arequipa encabezan el índice de competitividad regional justamente por haber sabido aprovechar su potencial minero en armonía con otras actividades económicas. “A partir de esa convivencia se puede impulsar el desarrollo regional”, apuntó.
Remarcó que Proinversión continuará acompañando el desarrollo del proyecto El Algarrobo para garantizar que se cumplan todos los compromisos asumidos por el concesionario. “Seguimos trabajando de la mano con el Ministerio de Energía y Minas, Activos Mineros y la comunidad, porque este es un proceso continuo. El Algarrobo no es solo un proyecto minero, es una propuesta de desarrollo sostenible para Piura”, concluyó.
Por su parte, Luciana Cáceda, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que alrededor de 3 millones de personas no tienen suministro de agua potable, en especial en las zonas periurbanas de las ciudades. Agregó que regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque y Puno tienen mayores brechas de calidad en el suministro del recurso hídrico.
Precisó que Piura se caracteriza por no tener una infraestructura hídrica eficiente, sumado a que, en los últimos años, debido al cambio climático, se han presentado épocas de estiaje bastante marcadas que afectan no sólo el nivel productivo, sino también la calidad de vida y de la salud de miles de personas.
Mencionó que un caso latente, es lo que ocurre en la margen izquierda del distrito de Tambogrande donde se ubica la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, considerada una de las zonas más postergadas y con mayor número de brechas sociales.
Comentó que han pasado décadas sin que se logre encontrar solución al tema del agua, debido a que simplemente pasaron varios gobiernos, varias administraciones regiones, gobiernos locales, dejando solamente promesas y sueños truncos.
Subrayó que el crecimiento económico en ciertas regiones, especialmente impulsado por la agroexportación, no puede desligarse del acceso a servicios básicos. “No se trata solo de crecer económicamente, sino de cerrar brechas que mejoren la calidad de vida de las personas”, puntualizó.
Agregó que existen más de 2.500 obras paralizadas a nivel nacional, de las cuales aproximadamente un quinto pertenece al sector de saneamiento urbano y rural. Esta inacción impide avanzar hacia los objetivos planteados por el gobierno, que prometió cerrar las brechas en este rubro hacia el año 2030.
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