RCR, 22 de octubre 2025.- Las economías ilegales en el Perú no solo financian la violencia, sino que también buscan influir con su dinero sucio en la política nacional, advirtieron Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y el analista político Miguel Ángel Ibarra.
Zapata sostuvo que las próximas elecciones generales y de gobiernos subnacionales, tendrán como componente un alto nivel de financiamiento y penetración de candidatos con dinero provenientes de la minería ilegal, narcotráfico, sicariato y extorsiones. “Estas economías quieren control político y financian campañas para influir en los gobiernos regionales, locales y en el Congreso”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que el sector empresarial y diversas organizaciones vienen impulsando mecanismos de transparencia electoral para identificar a los candidatos, su procedencia y antecedentes. Además, informó que el Acuerdo Nacional está próximo a aprobar un documento de consenso que propone un control riguroso sobre el financiamiento político proveniente de economías ilegales.
“Esperemos que ese documento salga en las próximas semanas a la opinión pública, y junto a estos mecanismos que están tratando de implementar diversas iniciativas en el país, pueden ser un combate eficaz. Pero necesitamos una Fiscalía y un Ministerio del Interior más modernizado”, afirmó.
El presidente de la Confiep enfatizó que la raíz de la violencia, las extorsiones y el sicariato se encuentra en las economías ilegales. Por lo tanto, enfatizó que el combate contra el crimen organizado requiere inteligencia, logística y presupuestos reales para la Policía Nacional.
“La violencia actual tiene raíces profundas y se ha gestado durante años sin una respuesta efectiva del Estado. Las extorsiones comenzaron en el sector construcción y, pese a las alertas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Construcción Civil, se hizo muy poco y esto ha permitido que el problema se agrave hasta alcanzar los niveles de violencia actuales”, expresó.
En ese sentido, señaló que es necesario equipar y entrenar a los efectivos policiales para que sean eficaces en la lucha contra el crimen organizado, observando que también esto requiere de la unidad de los peruanos y del trabajo mancomunado conjunto entre los poderes del Estado. “El Congreso de la República tiene que dar las normas adecuadas para combatir eficientemente a la delincuencia”, apuntó.
También denunció la expansión de la minería ilegal en regiones como Cajamarca, donde incluso se invaden concesiones privadas. Advirtió que la falta de estabilidad jurídica y la demora excesiva en los trámites desalientan la inversión formal. “Mientras los legales esperan 40 o 50 años para iniciar operaciones, los ilegales llegan con maquinaria y empiezan a explotar sin control ambiental ni pago de impuestos”, lamentó.
A su turno, Ibarra señaló también que la minería ilegal no solo afecta el orden ambiental y tributario, sino que también ha pasado a ser una fuente clave de financiamiento político. De esta manera, dijo que Perú va camino a ser como México y Colombia, donde oscuros financistas suelen “apoyar” con dinero ilegal a candidatos de distintas tiendas.
Sostuvo que la debilidad de los partidos políticos y la falta de reformas estructurales en el sistema judicial y penitenciario han dejado al país vulnerable ante este tipo de amenazas. “Con más de 40 partidos registrados, el riesgo de que la democracia peruana se vea capturada por intereses ilegales es real, el país podría avanzar hacia un modelo en el que economías ilegales controlen el poder político”, apuntó.
Advirtió que la falta de organicidad y representatividad ha generado que muchos partidos se conviertan en vehículos de negocios, donde se ofertan candidaturas, se venden curules y se negocian espacios en listas o alianzas, desvirtuando completamente la función pública.
Precisó que la reciente reforma bicameral ha creado un esquema favorable al control político sin contrapesos. Añadió que la falta de voluntad política y de calidad técnica en la representación parlamentaria agrava la situación, dado que muchos legisladores no cuentan con la formación ni la experiencia para cumplir un rol legislativo complejo.
Subrayó que uno de los mayores riesgos identificados es la relación directa entre la minería ilegal y el crimen organizado, ya que el oro ilegal ha reemplazado a la cocaína como fuente preferida de financiamiento por redes delictivas y narcotraficantes. Agregó que esto se debe a que la minería tiene menor penalización, mayor rentabilidad y escasa fiscalización.
