Lima, 29 de septiembre de 2025.- El reconocido abogado constitucionalista Jorge Luis Rioja Vallejos, advirtió que el Ministerio Público atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción y debilitando el principio de legalidad que debe regir a las instituciones democráticas.
“En junio del 2024 advertimos que el Ministerio Público había ingresado en una de sus peores crisis, que ahora ya no tiene vuelta atrás”, afirmó Rioja. Recordó que en los últimos dos años se sucedieron cuatro fiscales de la Nación —dos titulares y dos interinos—, lo que, a su juicio, evidencia una inestabilidad sin precedentes. Uno de ellos, incluso, integró la Comisión Especial encargada de elegir a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, contraviniendo la norma que exige que dicha participación no sea delegable y solo corresponde a titulares de instituciones.
El jurista cuestionó que los actores de la alta dirección del Ministerio Público retomen sus cargos vía decisiones del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, mientras que “los mandos inferiores se acomodan al jefe de turno, haciéndose evidente la politización de sus actos”. Señaló que los cambios de fiscales en procesos de gran envergadura, especialmente aquellos que involucran a exfuncionarios públicos acusados de corrupción, “generan sospechas de que se busca la prescripción de los delitos”.
“Si bien es competencia del fiscal de la Nación designar a los fiscales de apoyo, la ley señala que esta es una atribución del titular. ¿Le asiste la misma competencia a un interino? Y si en 60 o 90 días deja de ser interino, ¿su reemplazo hará lo mismo?”, cuestionó. Para Rioja, esta provisionalidad “acredita la renuncia a cumplir la función constitucional, facilitando el sobreseimiento de casos emblemáticos”, como los que involucran a la presidenta de la República, sus ministros y exministros.
El constitucionalista también criticó las investigaciones que se prolongan durante años, que “violan la presunción de inocencia con detenciones preventivas” y que, cuando finalmente emiten sentencias —como en los casos de los expresidentes Humala y Toledo, tras 15 años—, “la sociedad ya casi ha olvidado que fueron funcionarios”. Incluso prevé que “en apelación se revoquen las sanciones y terminen siendo referentes sociales y políticos”.
Rioja advirtió que las decisiones recientes del fiscal de la Nación interino solo serían justificables si se basan en una evaluación objetiva del desempeño de los fiscales relevados. De lo contrario, alertó, “se corre el riesgo de que los nuevos fiscales tomen demasiado tiempo en conocer los casos, retrasando los juicios y abriendo la puerta a la impunidad e incluso a eventuales demandas de indemnización contra el Estado”.
Para el especialista, los procesos de corrupción deben resolverse en un máximo de dos años, empleando herramientas de inteligencia del Estado y de entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera, SUNAT, SUNARP, notarías y la PNP. “Por la salud de la democracia y el futuro de las nuevas generaciones, es imprescindible recuperar el principio de autoridad que se ha perdido por el mal actuar de autoridades, muchas de las cuales están procesadas, encarceladas o fugadas”, subrayó.
Finalmente, Rioja planteó una reestructuración técnica y profunda del Ministerio Público, que cuente con profesionales que comprendan su mandato constitucional. “La crisis es responsabilidad de todos los exfiscales de la Nación y de los fiscales supremos en funciones. No basta señalar al fiscal de turno: en 42 años la institución no ha cumplido su mandato. El momento exige una reforma real que devuelva legitimidad y confianza al sistema de justicia”, concluyó.
