RCR, 21 de septiembre de 2025.- El ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, señaló que la inasistencia de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a la citación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para presentar sus descargos ante un posible pedido de suspensión de seis meses, es un capítulo más de rebeldía de la fiscal.

“Es una situación vergonzosa, porque las personalidades del extranjero, incluso la ciudadanía nuestra, pueden estar observando con mucha preocupación. Al final de cuentas el sistema de justicia es el que al final protege o no protege o abandona a la ciudadanía de la delincuencia y de la criminalidad violenta, que es la que más que perjudica al ciudadano”, declaró para RCR – Red de Comunicación Regional.

Asimismo, cuestionó a Espinoza por utilizar la ley como herramienta para denunciar, iniciar investigaciones y amedrentar a quienes la critican o disienten con ella, en lugar de emplearla para perseguir a los verdaderos delincuentes. Resaltó que la Fiscal de la Nación debe actuar con mayor prudencia y en consonancia con la responsabilidad que implica su cargo, ya que, de lo contrario, corre el riesgo de deslegitimar al Ministerio Público.

“El hecho es que uno le puede gustar o no la JNJ gustar o no la presidenta, gustar o no el congreso, etcétera. Pero una Fiscal de la Nación tiene que actuar de manera muy prudente y ponderada porque si no deslegitima la institución a la que preside, más aún cuando lanza denuncias multiplicadas a toda persona que se atreve a llevarle la contraria y eso no puede ser en un país serio”, precisó.

Si la Junta Nacional de Justicia emite una resolución de suspensión contra Delia Espinoza, Álvarez consideró que el Gobierno deberá hacer uso de la fuerza pública para cumplir la resolución en caso la fiscal se niegue a acatar una eventual suspensión. “Obviamente la fiscal puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, puede recurrir ante los jueces del Poder Judicial y apelar a los recursos de naturaleza jurídica para no desprestigiar más aún la institución”, dijo.

Afirmó que en el Perú existe una preocupante politización de la justicia y una judicialización de la política, mediante la cual se denuncia a políticos con el fin de desprestigiarlos. Advirtió que jueces y fiscales están siendo utilizados como instrumentos por ciertos grupos de poder, actuando en función de intereses políticos y económicos, en lugar de fortalecer y beneficiar al Estado de Derecho.