RCR, 16 de septiembre de 2025.- Carlos Gonzales Pilares, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, informó que la pugna entre consorcios por la concesión del transporte hacia Machu Picchu ha desencadenado hechos violentos, incluso un intento de atentado contra un tren de evacuación, lo que mantiene a turistas varados. Agregó que detrás de estos ataques existen intereses políticos y económicos ligados a la campaña electoral.
“El enfrentamiento entre dos grupos de interés que apoyan al consorcio Consettur como al nuevo consorcio San Antonio de Torontoy, pugnan por la gestión del transporte en buses en la carretera Hiram Bingham, pero ya estamos en un momento donde la violencia está llegando a niveles insostenibles, ya que por más de una semana se han presentado una serie de ataques y boicots a la operación ferroviaria, por eso ayer se determinó que se suspendieran de manera temporal todas las operaciones”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Informó que esta madrugada se registró un intento de atentado en el kilómetro 83 de la vía férrea, cuando un convoy de evacuación se dirigía a rescatar a visitantes atrapados. Incluso, minutos antes del paso del tren, desconocidos provocaron un deslizamiento de rocas que pudo haber causado una tragedia, sin embargo, pese a las denuncias penales, la Fiscalía no ha procesado ni detenido a los responsables de estos ataques.
“Hoy por la madrugada, cuando se intentaba sacar un segundo convoy en horas de la madrugada, hubo un intento de atentado criminal en el kilómetro 83 a la altura de la población de Piscacucho, que pudo generar la pérdida de vidas humanas, debido a ello, aún hay miles de personas varadas en el pueblo de Machu Picchu, y hacemos un llamado de atención a las autoridades porque hasta el momento la Fiscalía no está haciendo su trabajo pese a las denuncias penales ante este tipo de atentados y violencia”, expresó.
Gonzales denunció que detrás de los actos violentos existen intereses políticos y económicos. Recordó que en octubre inicia la campaña electoral, lo que convierte nuevamente a Machu Picchu en un “botín electoral” utilizado por candidatos para ganar visibilidad. Además, criticó la inacción de las autoridades judiciales y reclamó mayor coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para frenar la impunidad.
“Aquí hay dos grupos de interés que pugnan por el botín llamado carretera Hiram Bingham, pero también recordemos que en el mes de octubre inicia la campaña electoral de aquellos candidatos que se van a presentar a las elecciones generales. Entonces, Machu Picchu nuevamente es un botín electoral, se quiere visibilizar a ciertos personajes locales y generarles de trascendencia política como cada cuatro o cinco años”, afirmó.
Respecto a un comunicado de la organización privada New7Wonders, que advierte sobre el riesgo de perder el título de maravilla mundial, aclaró que solo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene competencias oficiales sobre el estatus patrimonial de Machu Picchu.
“La única entidad supranacional que tiene las competencias para declaratorias de interés patrimonial mundial es la UNESCO, que hace declaratorias de patrimonio en el mundo de manera oficial en base a tratado firmados entre estados con las Naciones Unidas, mientras que New7Wonder es una entidad privada con fines comerciales y de marketing”, anotó.
Finalmente, cuestionó la propuesta de crear una autoridad autónoma regional para la gestión turística de Machu Picchu, impulsada por el gobernador del Cusco, Werner Salcedo. Aseguró que, por su trascendencia nacional, la gestión turística debe estar en manos del Viceministerio de Turismo del Mincetur, mientras que el Ministerio de Cultura debe centrarse en la conservación patrimonial.
“Tengamos en cuenta que más de un millón y medio de peruanos dependen directamente de la actividad turística, entonces no podemos dejar esto en manos de una mirada regional, mucho menos local porque tiene una trascendencia nacional, y, por tanto, es el viceministerio de Turismo el que debería ser el encargado de estas actividades, no se puede permitir que conflictos locales pongan en riesgo un activo estratégico del país”, concluyó.
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