· Economista Víctor Vargas propone que el Estado refuerce la inteligencia financiera para rastrear ingresos y transacciones vinculadas a este negocio ilegal.
RCR, 25 de agosto 2025.- El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que visitará Cajamarca en la quincena de septiembre para coordinar con autoridades regionales y representantes de diversas instituciones, estrategias de lucha contra el avance de la minería ilegal.
Víctor Vargas, economista y docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, respaldó la necesidad de continuar con operativos de interdicción, asimismo, sostuvo que se requiere de una respuesta integral entre el Estado, gobiernos regionales y locales, de lo contrario, esta situación continuará creciendo y poniendo en riesgo la estabilidad económica y social del país.
“El sur de Cajamarca es una veta, porque si hablamos desde Hualgayoc, Bambamarca, Cajabamba, eso se conecta con Patáz, Huamachuco, entre otros. Entonces, el gobierno regional, el gobierno nacional y las municipalidades, tienen que ser los actores que hagan que la minería ilegal comience a retroceder a través de estos operativos de interdicción”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la minería ilegal no solo avanza en zonas como Hualgayoc, Bambamarca o Cajabamba, sino que además muestra un creciente poder económico reflejado en mejoras en la calidad de vida de quienes participan en esta actividad ilícita. Por lo tanto, demandó que el Estado refuerce la inteligencia financiera para rastrear los ingresos y transacciones vinculadas a este negocio ilegal.
“La capacidad de compra que tienen los mineros ilegales se refleja en cambios en su calidad de vida, y no estamos en contra de ello, sino en contra de la delincuencia, ahí hay medidas que deben desarrollarse de manera conjunta porque con la intervención de la policía no resolverá el problema, y más aun considerando el valor de los minerales en el mercado mundial”, expresó.
Vargas advirtió que el crecimiento acelerado de la minería ilegal en la región se ha convertido en un problema estructural que el Estado no ha sabido enfrentar, y el alza en los precios internacionales de los minerales, especialmente del oro, constituye un fuerte incentivo para que esta actividad ilícita se expanda en zonas de la sierra, la selva e incluso la costa.
“Esto es un incentivo que el Estado no se da cuenta y no logra tener un enfoque claro que permita ordenar esta situación, hace falta una mejor comprensión de estos problemas porque una cosa son los problemas en la selva peruana, otra en la sierra y también en la costa, entonces, creo que se carece de ese conocimiento para enfocar la lucha contra la minería ilegal”, afirmó.
Indicó que la expansión de la minería ilegal está asociada al crimen organizado y podría comprometer proyectos formales de gran envergadura como Michiquillay, incluso la explotación informal en zonas cercanas al proyecto genera un ambiente de inseguridad que desincentiva la inversión. “El Estado no garantiza el derecho de concesión y eso provoca que las empresas ralenticen su desarrollo, lo que representa un riesgo no solo para la minería formal, sino para toda actividad económica”, anotó.
Manifestó que se requiere fortalecer la inteligencia financiera como una herramienta clave para frenar el avance del problema. Explicó que, si bien la minería ilegal es difícil de controlar en su base, sí es posible rastrear los ingresos que genera a través de operaciones de compra de bienes y servicios. “El Estado tiene mecanismos para identificar estas transacciones, pero no los aplica de manera adecuada”, subrayó.
