RCR, 20 de agosto 2025.- César Ipenza, abogado experto en temas ambientales e integrante del Observatorio de la Minería Ilegal, afirmó que mientras se discute la formalización, la actividad ilegal minera «no se ha detenido» y continúa creciendo, en la frontera norte, con la operación de organizaciones criminales. Detalló que estos grupos transnacionales tienen presencia en las fronteras con Piura y Amazonas, operando con el apoyo de ciudadanos peruanos para procesar minerales en territorio ecuatoriano.
Señaló que la propuesta de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) podría convertirse en un mecanismo de impunidad y debilitamiento institucional, ya que los aportes recogidos por la Mesa Técnica de Formalización Minera carecen de carácter vinculante y dependerán finalmente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
“Estos aportes responden a un proceso de discusión más político, que nos demuestra que se alcanzan aportes, pero que no tienen ningún poder vinculante o de obligatorio cumplimiento, porque nuevamente la Comisión de Energía y Minas podrá o no considerarlas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
El especialista mostró su preocupación por la retirada de la Confederación de Mineros del Perú (Confemin) de este espacio de diálogo, así como por la presencia de congresistas que en el pasado respaldaron a la minería informal. Mencionó los casos de los legisladores Medina, Salhuana y Sánchez, quienes han asumido posiciones que favorecen a este sector. “Lo político ha primado sobre lo técnico”, afirmó.
Precisó que el predictamen en debate presenta tremendas falencias y un claro desconocimiento del marco constitucional, incluso pondría en riesgo el patrimonio natural del país. Además, alertó que se busca ampliar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2026, lo que abriría la puerta para reincorporar a decenas de miles de mineros previamente excluido
“Esto no resuelve nada, sólo facilita la impunidad”, el avance de la minería ilegal en regiones como Cajamarca, Amazonas y Piura, ha permitido que grupos criminales transnacionales como Los Choneros, Los Lobos y Los Trujillanos operen con apoyo de redes locales, incluso ya ha alcanzado a las rondas urbanas con amenazas y extorsiones”, expresó.
Ipenza sostuvo que el Ejecutivo no ha mostrado un verdadero compromiso en la lucha contra la minería ilegal. Asimismo, criticó que la Fiscalía carezca de recursos y que la Policía no cuente con equipos ni preparación suficiente para ejecutar operativos sostenidos.
“El anuncio de lucha frontal contra la minería ilegal es una farsa, recordemos que el presupuesto para estas acciones ha sido reducido mientras se incrementan los fondos para contener protestas sociales”, anotó.
Finalmente, planteó que el Ministerio de Energía y Minas continúe con el proceso de depuración de mineros informales y avance en la implementación de un sistema de interoperabilidad que permita detectar operaciones de lavado de oro. “Es momento de reflexionar si verdaderamente necesitamos esta ley o si debemos esperar mejores condiciones políticas y técnicas”, concluyó.
